Aunque el fondo británico aún no ha apelado ante el máximo tribunal, los principales asesores legales del Gobierno consideran que lo hará en breve. “Tienen 90 días para hacerlo”, señalaron.
Fuentes oficiales afirmaron que el Ejecutivo tiene confianza en que la Corte Suprema no tomará el caso, lo que podría dar lugar a una decisión final en Estados Unidos a fin de año, tras un período de análisis de dos a tres meses. Esta eventual resolución pondría fin a un prolongado proceso judicial iniciado en 2015 por la expropiación de la petrolera nacional, que enfrenta una condena potencial de 16 mil millones de dólares.
La evaluación del Gobierno se alinea con la opinión de los propios analistas de Burford, quienes, al presentar sus resultados trimestrales, reconocieron que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”.
Esta afirmación se basa en que la Corte estadounidense revisa anualmente entre 70 y 100 casos de interés federal.
Pese a esto, desde el Gobierno se opta por mantener una postura cautelosa, dado que el proceso permanece abierto ante un posible reclamo de Burford en el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
En este contexto, el fondo británico había señalado anteriormente que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del CIADI dura 4,4 años), pero es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”.
También resaltó que en el CIADI, el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra Argentina se resolvieron a favor de los inversores.
En cuanto al fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, subrayó que “la decisión del tribunal, que rechaza la solicitud de revisión del fallo por parte de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición mantenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
Mientras tanto, el equipo legal del Estado prosigue en otros litigios pendientes, como el caso del Cupón PBI en Londres por 1.330 millones de euros. Asimismo, el Gobierno espera la aprobación en el Congreso para avanzar con un acuerdo de 171 millones de dólares con los fondos Bainbridge y Attestor por el default de 2001, tema que se abordará en el Senado este jueves.
