Aunque el fondo inglés aún no ha presentado un recurso ante el máximo tribunal estadounidense, los principales asesores legales del Ejecutivo consideran que esta acción es inminente. “Tienen 90 días para hacerlo”, puntualizaron a este medio.
Por otro lado, fuentes oficiales subrayaron la confianza del Ejecutivo en que la Corte Suprema desestimará el caso. Así, hacia fines de año, luego de dos o tres meses de análisis, podría emitirse un fallo decisivo en Estados Unidos. Esta resolución pondría fin a un extenso proceso judicial iniciado en 2015 en relación con la expropiación de la petrolera nacional y que busca evitar una condena de 16 mil millones de dólares.
La postura del Gobierno equipara la opinión de analistas de Burford, quienes al presentar sus resultados trimestrales ante inversores habían reconocido que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”.
Este análisis se basa en que la Corte estadounidense examina anualmente un promedio de 70 a 100 casos, todos de interés federal.
No obstante, el Gobierno mantiene una actitud cautelosa, ya que el proceso aún está abierto ante un posible reclamo de Burford en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. En este contexto, el fondo había señalado anteriormente que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero es completamente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”.
Además, destacó que en este tribunal el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra Argentina se resolvieron a favor de los demandantes.
Paralelamente, tras el fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York el martes, la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, enfatizó que “la decisión del tribunal, al denegar la solicitud de revisión del fallo por el pleno de la Cámara de Apelaciones, respalda la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
Mientras tanto, el equipo jurídico del Estado continúa lidiando con otros litigios pendientes, como el del Cupón PBI en Londres por 1.330 millones de euros. A su vez, el Gobierno espera la aprobación legislativa para avanzar en el acuerdo de 171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor por el default de 2001. Este asunto se abordará este jueves en el Senado.
