Según señalaron los Passaglia, el costo del trámite para obtener la licencia profesional de conducir, que hasta el momento ascendía a $22.000, pasaría a ser de aproximadamente $300.000 con la nueva normativa, lo que implica un aumento del 1.264%. Además, los trabajadores deberán acudir a sedes de prestadores externos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para llevar a cabo las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones necesarias antes de recibir su documento.
En este contexto, los legisladores afirmaron que “el trámite para obtener el carnet necesario para trabajar como chofer será más costoso, más lento y más alejado”. Resaltaron que las licencias de conducir profesionales, que anteriormente se gestionaban en la Municipalidad, ahora se expedirán exclusivamente en sedes habilitadas por la ANSV. Asimismo, cuestionaron “¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, manifestaron los Passaglia en publicaciones en la red social X.
La normativa afecta a las licencias de las clases C, D y E, que permiten la conducción de vehículos de carga, transporte de pasajeros y maquinaria especial. Según el esquema dado a conocer por la Provincia, los solicitantes deben aprobar primero los exámenes psicofísicos y las capacitaciones con prestadores habilitados por la ANSV antes de completar la emisión en el Centro de Emisión de Licencias Municipal correspondiente.
También critican que el nuevo sistema obliga a los conductores a trasladarse fuera de sus municipios de residencia para realizar estos trámites. “Antes podían gestionarlo en la Municipalidad. Ahora deberán pagar mucho más y viajar hasta los puntos habilitados”, afirmaron. En un video que compartieron en sus redes, el representante del partido HECHOS enlistó a los afectados: colectiveros, transportistas, servicios de ambulancias, conductores de plataformas como Uber, taxistas y remiseros.
“Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… Todos deberán abonar 300 lucas para obtener la licencia. Esto es un regreso a la vieja política que no tiene cabida. En vez de facilitar el camino, te imponen un peaje, en un país donde conseguir trabajo se vuelve cada vez más difícil”, expresaron los hermanos en dicha publicación.
La denuncia gira en torno a una supuesta convergencia de intereses, ya que los Passaglia sostienen que las sedes del sindicato serían las únicas habilitadas para realizar los trámites previos, lo que concentraría tanto a los trabajadores como el cobro de aranceles en la estructura gremial.
“El carnet profesional no es un trámite más; es la herramienta laboral de miles de bonaerenses”, enfatizaron los Passaglia al hacer referencia al impacto que la medida tendría sobre aquellos conductores que dependen de esta habilitación para ejercer su labor. Por su parte, la ANSV, organismo encargado de la habilitación de los prestadores externos, no había emitido comentarios en respuesta a las críticas al momento del cierre de esta nota.
