La iniciativa ha sido bien recibida por analistas del sector financiero, quienes señalan que la modificación de la ley fundamental del Banco Central podría contribuir a moderar los riesgos inflacionarios en el futuro. Sin embargo, también existen preocupaciones acerca de que la nueva normativa limite en exceso la capacidad de maniobra de la autoridad monetaria frente a posibles crisis financieras.
El objetivo principal de la reforma es revertir los cambios implementados en 2012 durante la administración de Cristina Kirchner, que modificaron la misión del BCRA. En ese momento, se pasó de un mandato centrado en “preservar el valor de la moneda” a otro de “múltiples objetivos”, que incluyó el empleo y el desarrollo productivo, lo que amplió considerablemente los márgenes para la emisión de pesos y la transferencia de utilidades al Tesoro.
Para las consultoras financieras, establecer restricciones legales es un paso largamente solicitado. En un informe reciente, analistas de una firma destacaron que el principal beneficio de una Carta Orgánica robusta radica en la reducción significativa de los riesgos inflacionarios ante la potencial reactivación de políticas expansivas o populistas.
Según sus evaluaciones históricas, la dominancia fiscal y el abuso del impuesto inflacionario bajo la normativa posterior a 2012 han menoscabado constantementemente la moneda argentina en comparación con el periodo 2006-2012. Los especialistas proyectan que, en un eventual contexto de retorno de políticas opositoras sin restricciones monetarias, el mercado demandaría un tipo de cambio libre significativamente más elevado.
“Consideramos que la moneda podría ser entre un 15% y un 20% más fuerte de lo que sería bajo una administración populista si existiese una carta orgánica sólida que limite el financiamiento monetario, lo cual, indirectamente, generaría una disciplina fiscal. Sin embargo, seguimos creyendo que un tipo de cambio cercano a $2300 sería factible en ese escenario”, indicaron.
Un ex funcionario del BCRA que optó por mantener el anonimato también consideró que la eliminación de los mecanismos de financiamiento directo es “bienvenida” y absolutamente necesaria. Al prohibir por ley los Adelantos Trasitorios y las Letras Intransferibles, se eliminan dos “vías de escape” que emplearon administraciones previas para cubrir déficits fiscales.
Con esta prohibición, el Tesoro solo podrá financiarse a través del mercado de deuda local e internacional o mediante el superávit de sus cuentas públicas, retirando al BCRA de su función de “brazo financiero”.
No obstante, otra fuente del sector financiero subrayó que, aunque la medida es positiva, podría “aterrar” excesivamente a futuras administraciones en su necesidad de mantener un superávit fiscal. “Esto sólo es efectivo si se cuenta con un superávit fiscal o, en su defecto, un mercado de capitales local que pueda absorber todos los vencimientos de deuda, especialmente si los mercados internacionales siguen cerrados. La alerta surge si, ante cualquier crisis externa, se carece de esas dos alternativas para sostener el gasto”, afirmó.
Asimismo, la propuesta oficial de establecer penas de prisión para directores del BCRA y funcionarios del Tesoro que permitan emisiones genera un escepticismo considerable. “Imponer prisión a un funcionario parece más una declaración política irrelevante que un instrumento legal necesario”, agregó un economista.
Entre los puntos valorados positivamente por los analistas consultados se encuentra la obligación de que los miembros del directorio del Banco Central, así como sus titulares, sean designados por el Congreso. Históricamente, las Cartas Orgánicas han estipulado que estos miembros deben ser nombrados con acuerdo del Senado de la Nación, garantizando así mandatos de seis años y su independencia del presidente de turno. Sin embargo, gobiernos sucesivos han abusado de las designaciones “en comisión” mediante decretos del Poder Ejecutivo, lo que permite destituir a funcionarios de manera repentina si no se someten a los intereses políticos de la administración actual. Los analistas destacan que, para que la reforma tenga credibilidad a largo plazo, es fundamental limitar estrictamente el tiempo en que un director puede estar “en comisión” sin el aval del Congreso.
Finalmente, el éxito de la reforma de la Carta Orgánica dependerá de su capacidad para perdurar a través del tiempo. Para los especialistas, es vital que el texto sea aprobado con mayorías especiales y un amplio consenso por parte del arco político no kirchnerista en el Congreso. De lo contrario, alertan, el país continuará en la senda “poco seria” de tener una Carta Orgánica moldeada a las necesidades de cada gobierno, diluyendo así el impacto positivo que busca la reforma sobre las expectativas inflacionarias.
