Esta discrepancia se acentuó en 2026. En el primer semestre, el ingreso fue de 25.775 millones de dólares y la inversión pública alcanzó únicamente 982 millones, equivalente a menos de 4 centavos por cada dólar. El IAG subrayó que nunca antes la relación entre el ingreso de divisas y el gasto estatal en infraestructura había sido tan baja. La comparación histórica es alarmante: en 2003, el Estado invertía 10 centavos por cada dólar recibido, y en 2015, esa relación llegó a un máximo de 83 centavos.
Este recorte se refleja en la actividad del sector de la construcción, uno de los más golpeados por los ajustes. En julio, se reportó una caída mensual de 4,5 por ciento y el sector se encontraba 24,4 puntos por debajo de noviembre de 2023. Desde el inicio de la actual gestión, se han perdido aproximadamente 65.000 empleos registrados en esta área. En cuanto a los insumos relacionados con la construcción, el asfalto experimentó un descenso interanual del 23,1 por ciento. A su vez, la construcción continúa operando un 23 por ciento por debajo de los niveles de 2023, sin indicios de una recuperación sostenible.
La situación también impacta en Vialidad Nacional. Según el IAG, durante todos los meses de 2026, el organismo gasta menos de lo que percibe únicamente por su participación en la recaudación del impuesto a los combustibles. Desde el cambio de gestión, ha recibido 2,3 billones de pesos constantes a agosto de 2026, mientras que su gasto total ha sido de 2,1 billones.
El deterioro en la infraestructura se presenta así como una de las consecuencias del ajuste fiscal. A medida que aumenta el ingreso de dólares procedentes de los exportadores, una proporción cada vez menor de esos recursos se destina a la inversión estatal en rutas, obras y otros proyectos de capital.
