Según los registros británicos, PHX Acqua Limited fue creada el 18 de agosto, apenas un mes antes de participar en la puja por AySA. La información oficial indica que forma parte del grupo de inversores Phoenix Global Investment Fund B.V., con residencia en Curazao.
Los registros de PHX Acqua Limited.
La sede social de PHX Acqua Limited está en 5 Lloyds Avenue, tercer piso, Londres, Reino Unido. La misma dirección figura en una base de datos vinculada con los Panamá Papers y también está asociada a la firma neerlandesa Stichting Administration New World (STAK). En 2023, una investigación periodística identificó más de 50 STAK, entre ellas una que comparte domicilio con PHX. Son estructuras legales utilizadas para ocultar activos y evitar el escrutinio.
La participación de PHX en la privatización de AySA plantea una pregunta: ¿qué se busca al recurrir a una plataforma financiera offshore, diseñada para organizar movimientos de capital con total confidencialidad y un alto riesgo regulatorio?
La descripción de estas estructuras, incluida en una investigación de un consorcio internacional, coincide con el caso de AySA y PHX. En las últimas dos décadas, proveedores de servicios financieros de todo el mundo han promovido cada vez más el uso de fundaciones fiduciarias, o STAK, que solo revelan los nombres de los directores de las empresas y ocultan a los verdaderos accionistas y sus activos.
De PHX Acqua Limited se conoce poco. Está presidida por el consultor financiero neerlandés Willem Anton Smit, quien figura como director en otras 27 firmas. Su nombramiento más reciente corresponde a la sociedad creada para participar en la licitación de AySA.
Se estima que actualmente hay 21.000 STAK registradas en los Países Bajos. Una investigación basada en la filtración de los Pandora Papers, que contenía casi 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios offshore, identificó más de 50 de estas entidades secretas utilizadas en estructuras corporativas internacionales.
La pregunta que plantean fuentes consultadas es quién está detrás de PHX, que no tiene obligación de informarlo porque se trata de un fondo de colocación privada. Entre las especulaciones aparece el Grupo Neuss, señalado anteriormente como socio encubierto del Grupo Román durante la licitación para operar la Hidrovía.
El 3 de septiembre se constituyó en el país PHX Holding Argentina SA, controlada en su totalidad por el Grupo Román. Según la información disponible, la compañía está presidida por Sebastián Pablo Repetto, un estrecho colaborador de Walter Román. También figuran como socios Carla Pia Casali y Luis Alberto Espósito, gerente de Abastecimiento en Rowing SA.
La constitución de PHX Holding Argentina SA.
El consorcio ganador deberá garantizar una inversión de 2.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, con el objetivo de impulsar la expansión de AySA y mejorar la calidad del servicio.
De acuerdo con los registros británicos, PHX Acqua Limited tiene un balance inferior a 600.000 dólares y una facturación menor a un millón de dólares. Su director, Willem Anton Smit, no es conocido por su experiencia en el sector, sino por su trabajo como consultor financiero. Smit representa a AMICORP, firma con presencia en la Argentina especializada en la creación de fideicomisos. En distintos países de la región, AMICORP fue cuestionada por haberse convertido en un instrumento habitual para abrir sociedades en paraísos fiscales. La firma respondió que cuenta con un departamento global de cumplimiento normativo, encargado de recopilar información sobre potenciales clientes.
Los registros de PHX Acqua Limited.
La falta de transparencia del fondo Phoenix Global también quedó bajo atención por otras operaciones controvertidas. En 2020, por ejemplo, se anunció que Cargill había vendido sus activos en Venezuela, donde llevaba 34 años de actividad, con la aprobación del entonces presidente Nicolás Maduro. La decisión de la compañía alimentaria estadounidense fue interpretada como una nueva señal de las dificultades para hacer negocios en ese país.
La aparición de Phoenix Global fue cuestionada entonces por el hermetismo en torno a la operación. Sus críticos sostuvieron que el fondo radicado en Curazao funcionó como una pantalla confidencial para ocultar a los verdaderos inversores detrás de la compra, en un contexto en el que numerosas empresas industriales pasaban a manos de empresarios vinculados con el gobierno venezolano, bajo el amparo de la Ley Antibloqueo.
AySA también quedó bajo observación después de que la Auditoría General de la Nación emitiera una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252. El organismo detectó falta de documentación e “inversiones no registradas” por más de $42.935 millones para 2025, equivalentes a unos 30 millones de dólares, “lo que generó una subvaluación de las inversiones del 66,57%”, según el documento. Entre los señalados quedaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente de AySA, Alejo Maxit.
De acuerdo con la auditoría, “estos fondos fueron anticipados por la Tesorería General de la Nación (TGN) para que AySA pudiera efectuar los pagos correspondientes a las obras y otras erogaciones. Como corresponde al convenio de préstamo, el proyecto debía reembolsar esos fondos a la TGN utilizando recursos provenientes del préstamo. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2025, el reembolso se encontraba pendiente y las inversiones no habían sido incorporadas correctamente en los estados financieros. El auditor indica que el programa ya se encuentra ejecutado en casi el 100% de los fondos externos, por tanto no habría forma de realizar este pago”.
