La decisión fue tomada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, miembros de la Sala II, quienes respaldaron en términos generales la investigación llevada adelante por el fiscal federal Franco Picardi, así como los procesamientos dictados anteriormente por el juez Sebastián Casanello.
A Spagnuolo se le imputan delitos relacionados con negociaciones incompatibles con el ejercicio de su función, administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado y cohecho pasivo, además de ser señalado como líder de una organización delictiva.
Entre los demás procesados se encuentran Daniel Garbellini, exfuncionario de ANDIS, y el empresario Miguel Ángel Calvete. La Cámara consideró que existen pruebas suficientes en esta fase del expediente para sostener la hipótesis de una red conformada por funcionarios y particulares que habrían participado en las contrataciones del organismo.
La investigación señala que el mecanismo utilizado habría implicado el direccionamiento de compras hacia ciertas empresas, la simulación de competencia entre proveedores y transacciones con sobreprecios. También se investiga la posibilidad de pagos indebidos a funcionarios a cambio de facilitar y garantizar dichas contrataciones.
La Justicia estima que el monto de las órdenes de compra involucradas en parte de los ilícitos asciende a más de $30.337 millones. Según el expediente, se habrían implementado procedimientos especiales para favorecer a un número reducido de proveedores, generando una competencia solo aparente.
En la resolución original, la Justicia caracterizó a la ANDIS durante el período bajo investigación como “el centro de operaciones” desde donde se gestionaban pagos millonarios y contrataciones fuera de los mecanismos habituales de competencia y transparencia.
Los magistrados también desestimaron los planteos de algunas defensas que cuestionaban la validez de la investigación en función del origen de audios atribuidos a Spagnuolo, los cuales fueron divulgados y contribuyeron al avance del caso.
Estas grabaciones aún están siendo analizadas por Gendarmería Nacional, que intenta determinar su origen, autenticidad y verificar si han sido manipuladas. Spagnuolo intentó frenar este examen en varias ocasiones, pero su última petición fue rechazada por el juez Ariel Lijo a principios de septiembre.
La fiscalía asegura, además, que la investigación se apoya en pruebas independientes de los audios, que incluyen documentación relacionada con las compras, resultados de allanamientos y el análisis de dispositivos secuestrados.
Spagnuolo asumió la dirección de la ANDIS en diciembre de 2023 y fue apartado del cargo en 2025, tras la divulgación de las grabaciones que cuestionaron el funcionamiento de la agencia y llevaron a la apertura de la investigación.
