Con el cronograma fijado por el TOF 5, que está compuesto por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, Máximo Kirchner se presentará por primera vez en el banquillo de los acusados el 23 de octubre a las 10 de la mañana. En esta ocasión, enfrentará acusaciones de asociación ilícita en carácter de organizador y maniobras de blanqueo de activos. Por su parte, para su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, este será su tercer juicio como acusada en un caso de corrupción.
En 2018, cuando los dos expedientes fueron elevados a juicio oral por el juez federal Julián Ercolini, se decidió unificar los casos ya que existía similitud en las maniobras, además de compartir imputados, lo que respaldaba un criterio fundamental: la economía procesal. Realizar los juicios de manera conjunta permitiría robustecer las pruebas utilizadas para sustentar las acusaciones, evidenciando que, a pesar de los diferentes rubros involucrados, la maniobra fue similar y casi con las mismas personas implicadas. Además, la finalidad de las operaciones con ambas sociedades era la misma: dar una apariencia de licitud a fondos de origen ilícito que terminarían en el patrimonio de los Kirchner.
Sin embargo, esta semana, el TOF 5 determinó que no se debe proceder con la acumulación de casos si ello puede generar demoras en alguna de las causas. Es decir, la conexidad de los casos es vista como una herramienta organizativa que no puede perjudicar la celeridad del proceso judicial.
A partir de este criterio, los jueces decidieron que era conveniente dividir los casos y llevar a cabo dos debates. Esta decisión también se fundamentó en una comparación de los requerimientos de elevación a juicio, que, según los magistrados, demuestran que las causas poseen objetos procesales diferentes, a pesar de tener un contexto histórico común, algunos imputados coincidentes y múltiples puntos de contacto en cuanto a las pruebas que sostienen las acusaciones.
El fiscal de juicio, Diego Velasco, se opone a estos argumentos. Fuentes judiciales señalaron que, desde un comienzo, la fiscalía ha abogado por la realización de un solo juicio y mantendrá esta postura.
“Es el mismo hecho, no puede escindirse. Mismo hecho, mismo tiempo, mismos imputados, misma organización, que no actúan de forma organizada para uno y de otra manera para el otro. Es la misma organización desarrollándose en el mismo período, incluso usando las mismas cuentas a las que se derivan todos los fondos”, explicó una fuente judicial, apoyando así la postura del fiscal general Velasco.
Desde el Ministerio Público Fiscal se advirtió que “al separar Hotesur de Los Sauces, se debilita la prueba: no se pueden utilizar las pruebas de uno con el otro porque no formarán parte del mismo juicio, a pesar de que existen conexiones directas”. Además, en el entorno judicial de Comodoro Py, hay quienes consideran que dividir los expedientes en dos juicios orales es una forma de “debilitar la prueba, el caso y desmantelar la investigación”.
Otro aspecto mencionado por la fiscalía al solicitar la unificación es que el lavado de activos se considera un delito en el que las operaciones se “cuentan en forma conjunta”. Es decir, cada alquiler no es un hecho aislado, sino que el blanqueo configura la maniobra que conduce a esas operaciones individualizadas. “Lo que determinen en Hotesur o en Los Sauces será cosa juzgada indistintamente, por lo tanto, es imposible que se realicen dos juicios; se prejuzgará o se hará lo mismo en ambas instancias”, analizó otra fuente judicial que ha tenido acceso a ambos expedientes.
Por consiguiente, la fiscalía seguirá insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un único debate oral y público. Velasco ya había solicitado un juicio único bajo la premisa de que se trata de un solo hecho. Este criterio ha sido sostenido desde que, en noviembre de 2024, la Corte Suprema ordenó la realización del debate.
Desde entonces, la fiscalía ha solicitado de manera sistemática que se defina una fecha de inicio del juicio, con el objetivo de determinar la responsabilidad de un “solo hecho de lavado de activos por el que se investiga a todas estas personas, abarcando un período desde 2003 a 2015”.
La acusación sostiene que Los Sauces S.A., creada el 7 de noviembre de 2006, supuestamente dedicada a actividades inmobiliarias y hoteleras, se utilizó para canalizar fondos de los grupos Báez e Indalo.
Entre 2009 y 2016, Los Sauces habría facturado a esas empresas casi 26 millones de pesos en concepto de alquileres, un monto que, según el requerimiento, representaba aproximadamente el 88% de su facturación total.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques han sostenido que algunas de las propiedades alquiladas no eran necesarias para la actividad de las locatarias, o que se establecían contratos a valores superiores a los del mercado.
Se acusa a los imputados de utilizar Los Sauces y sus bienes inmobiliarios y hoteleros para recibir fondos mediante contratos de locación y otras operaciones con empresas de los grupos Báez e Indalo, darles apariencia de legitimidad y, finalmente, incorporar esos fondos al patrimonio de sus accionistas.
En lo que respecta a Hotesur, que es dueña del hotel Alto Calafate, explotado hasta 2013 por Lázaro Báez a través de la empresa Valle Mitre, el fiscal Pollicita ha atribuido las operaciones de blanqueo a los fondos que supuestamente provenían de la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a empresas del Grupo Austral.
Por medio de préstamos entre empresas, Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, inyectó 70 millones de pesos a Valle Mitre, que no tenía recursos financieros, para cubrir los alquileres a Néstor y Cristina Kirchner.
