Respecto a las pruebas de esfuerzo previas a la actividad física, el documento de la ACC indica que “para la mayoría de las personas asintomáticas o clínicamente estables, no es necesario realizar pruebas de esfuerzo rutinarias antes de prescribir ejercicio, y las pruebas innecesarias pueden dificultar el inicio de la actividad física”.
Además, menciona que “se debe considerar la realización de pruebas de esfuerzo en personas con enfermedad coronaria crónica o insuficiencia cardíaca cuando los síntomas, el deterioro clínico reciente o la planificación de una actividad física intensa generen inquietudes sobre la seguridad o requieran una estratificación de riesgo individualizada”.
Esta declaración desafía normativas comúnmente aceptadas. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, una modificación de la ley 139, vigente desde marzo de 2011, establece que “todas las personas que realicen actividades físicas en el gimnasio deben poseer un certificado de aptitud física que debe contener los resultados de estudios electrocardiográficos expedidos por el especialista actualizado anualmente”.
Sergio Baratta, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), consideró que este tema merece un análisis en profundidad. Subrayó la ausencia de una directriz estatal que estipule cómo deben actuarse estas recomendaciones según los diferentes grupos poblacionales, lo que serviría como respaldo legal. Además, enfatizó que “exigirle a todo el mundo estudios de esfuerzo sin considerar la edad, los antecedentes de salud y la intensidad del ejercicio no es costo efectivo”.
Baratta destacó que “en Estados Unidos se debate quién debe cubrir esos estudios”, algo que en Argentina se asume que deben ser financiados por las obras sociales, prepagas o el sistema público, sin cuestionar si esos análisis, que en el ámbito privado tienen un costo que varía entre 26 mil y 100 mil pesos según su complejidad, son realmente necesarios y con qué periodicidad deben realizarse.
La guía de la ACC sostiene que “el riesgo de sufrir eventos cardíacos graves durante el ejercicio es extremadamente bajo en la población general. Habitualmente no es necesario realizar exámenes médicos rutinarios, incluidas pruebas de esfuerzo, antes de realizar ejercicio de intensidad moderada a vigorosa debido al bajo riesgo absoluto del ejercicio, la alta tasa de resultados falsos positivos en sujetos asintomáticos, el escaso valor predictivo de las pruebas de esfuerzo para el infarto de miocardio y la muerte súbita cardíaca, y el hecho de que dichas pruebas desincentivarían el inicio del ejercicio”.
No obstante, enfatiza que “los pacientes que desarrollen nuevos síntomas durante el ejercicio, especialmente si sugieren isquemia cardíaca, deben interrumpir el ejercicio regular y buscar atención médica”. Baratta coincidió en que, para la actividad física moderada, sería suficiente con realizar un examen físico inicial y un electrocardiograma, sin necesidad de repetirse anualmente; además, el período de renovación debería ser definido por el Estado. Sin embargo, aclaró que en el ámbito del alto rendimiento debe continuar existiendo un control más exhaustivo.
Otro aspecto que destacó el experto argentino es el deseo de la SAC de impulsar una nueva ley que garantice que todas las personas que sufran una muerte súbita sean sometidas a estudios genéticos. Se estima que estos eventos representan entre el 15 y el 20 por ciento de todas las muertes (40 mil anuales) y la mitad de las muertes por causa cardiovascular.
Esta propuesta consiste en la extracción de muestras biológicas post mortem para ser conservadas y analizadas genéticamente, lo que habilitaría una autopsia molecular cuando la convencional no brinde conclusiones. A esto se sumaría un programa para detectar y seguir a familiares en riesgo debido a la posibilidad de compartir el mismo componente genético.
Según la SAC, la evidencia científica sugiere que identificar una causa genética en un caso de muerte súbita permite diagnosticar hasta el 50 por ciento de los familiares de primer grado, quienes podrían beneficiarse de controles cardiológicos específicos, tratamiento farmacológico, modificaciones en el estilo de vida y, en algunos casos, ser candidatos a dispositivos preventivos como desfibriladores implantables.
El trabajo de la ACC, difundido en el Journal of the American College of Cardiology, argumenta que el ejercicio debe tener un rol fundamental en el cuidado cardiovascular, al igual que el control de la presión arterial, el colesterol y otros factores de riesgo. Los autores revisaron la evidencia disponible para determinar cómo prescribir actividad física, la intensidad adecuada y cuándo es necesario adaptar estas recomendaciones.
Una de las conclusiones más relevantes es que el mayor beneficio cardiovascular se obtiene al pasar del sedentarismo a realizar alguna actividad física. A partir de ese primer paso, incrementar la cantidad de ejercicio habitualmente proporciona beneficios adicionales, aunque estos tienden a disminuir al alcanzar volúmenes de trabajo más altos.
La recomendación general para los adultos es acumular, al menos, 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa, pudiendo combinar ambas modalidades. Para quienes buscan mejorar aún más su estado físico, el documento señala que los resultados tienden a optimizarse al llegar a 300 minutos semanales de actividad moderada o 150 minutos de actividad vigorosa, siempre respetando los límites de cada persona.
Sin embargo, no se establece una barrera estricta entre realizar suficiente ejercicio o no. Actividades como caminar unos minutos, utilizar escaleras o interrumpir períodos prolongados de sedentarismo también son formas de contribuir a mejorar la salud. Para quienes parten de un nivel muy bajo de actividad, el primer objetivo debe ser abandonar progresivamente el sedentarismo.
