El Manchester City rechaza enérgicamente las acusaciones formuladas en este caso y asegura tener confianza en que su postura será respaldada. La información no vincula a conductas ilícitas a Khaldoon Al Mubarak, presidente del club, ni a Ferran Soriano, director ejecutivo.
Según indica la información, la comisión reveló que el club habría contabilizado como ingresos comerciales fondos provenientes de sus propietarios en Abu Dabi durante un periodo de nueve temporadas, sumando una cifra estimada en más de USD 1.063 millones. Además, se señala que la documentación completa del dictamen incluye anexos sobre información conocida en la estructura del City Football Group.
El expediente relacionado con el deporte y una posible investigación judicial seguirían caminos distintos, ya que la comisión encargada de analizar el cumplimiento de las normas de la Premier League carece de autoridad para imponer penas de prisión o determinar delitos fiscales. Su función se circunscribe a resolver las acusaciones formuladas en el contexto de la competición.
Por lo tanto, cualquier posible consecuencia penal dependería de que la Policía, los reguladores financieros o HM Revenue & Customs (HMRC) inicien sus propias investigaciones. Hasta que eso ocurra, las referencias a eventuales delitos son escenarios del futuro, no decisiones de los tribunales británicos.
La comisión también cuestionó ciertos contratos complementarios y pagos por derechos de imagen entregados a los jugadores a través de una empresa llamada Fordham. Según se interpreta, estos pagos habrían funcionado como remuneraciones sujetas a impuestos y contribuciones a la seguridad social, lo que podría despertar el interés de la autoridad fiscal británica, HM Revenue & Customs (HMRC).
Cualquier derivación penal dependería de que las agencias competentes inicien sus propias acciones y reúnan pruebas. Se menciona, además, la sección 501 de la Ley de Sociedades de 2006, que contempla penas de hasta dos años de prisión por declaraciones engañosas a auditores.
La Ley de Fraude de 2006 prevé sanciones de hasta diez años de cárcel y multas ilimitadas para quienes realicen declaraciones falsas con el fin de obtener beneficios o evitar pérdidas. La evasión fiscal también se considera un delito en el Reino Unido, con penas que pueden alcanzar los 14 años, aunque hasta la fecha no se han presentado acusaciones penales formales relacionadas con este caso.
David Bernstein, expresidente del City y de la Federación Inglesa de Fútbol, propuso que el expediente sea objeto de revisión por parte de organismos externos. En tanto, Lord Cruddas, miembro conservador de la Cámara de los Lores, sugirió que una posible falsificación de cuentas o engaño a los auditores podría dar lugar a una investigación policial.
En lo que respecta a las implicaciones deportivas, una posible condena penal hacia un empleado del club podría resultar en su inhabilitación para participar en la entidad, de acuerdo con las normas de propietarios y directores establecidas por la Premier League.
Los próximos pasos a seguir dependerán de eventuales apelaciones y de la decisión que tomen las autoridades externas sobre la posibilidad de abrir o no una investigación.
