La presentación ante el tribunal que cuestionaba las decisiones de Cristina Kirchner, actual presidenta del PJ nacional, fue realizada por la senadora Carolina Moisés y otros dirigentes agrupados en diversas líneas del peronismo en Jujuy.
Esta decisión judicial responde a un reclamo político que venían realizando varias figuras del peronismo en las provincias de Jujuy y Salta, con Sáenz liderando la oposición a la dirección nacional de la ex presidenta, que cuenta con la influencia de La Cámpora.
El fallo judicial señala que desde mediados de 2023, el Partido Justicialista del Distrito Jujuy había estado bajo la intervención del órgano nacional que dirige Cristina Kirchner. Sin embargo, las promesas de elecciones para renovar las autoridades se vieron frustradas por una serie de postergaciones, suspensiones y sanciones disciplinarias que, en vez de dar orden, generaron un aumento en el conflicto interno.
Además, se menciona que durante casi tres años, los líderes justicialistas en Jujuy alternaron entre amnistías generales —como aquella que permitió el regreso de afiliados sancionados— y procesos disciplinarios que resultaron en la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, incluidos muchos aspirantes a precandidatos dentro del proceso electoral interno. El juez Esteban Eduardo Hansen resaltó que estas sanciones carecieron de garantías procedimentales adecuadas, se llevaron a cabo “al margen de toda garantía mínima”, y dejaron a los involucrados sin posibilidad de defensa, sin informes ni pruebas que avalaran las sanciones.
La decisión de los interventores de “dar de baja inmediata y total el proceso electoral en curso” y de convocar a nuevas elecciones sin reestablecer los derechos de los militantes suspendidos evidenció, para el tribunal, una intención clara de excluir a sectores internos bajo el pretexto de una disciplina estricta. Esta estrategia, según el dictamen, constituyó “una restricción directa y sustancial al ejercicio de los derechos políticos intrapartidarios, alterando las condiciones de competencia y afectando la integridad del proceso democrático interno”.
El procedimiento estuvo marcado por un sinfín de recursos, impugnaciones y presentaciones judiciales provenientes de diferentes líneas internas, respaldadas por líderes reconocidos, incluidos Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Raúl Jenefes.
La resolución detalla las numerosas fechas frustradas para la realización de elecciones internas, que fueron pospuestas desde el 17 de noviembre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026, incluyendo una convocatoria fijada para el 24 de abril de 2026, la cual, como constató el juzgado, resultó imposible de llevar a cabo.
