Sergio Schoklender, quien fue apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se presentó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 en Comodoro Py y expresó su agradecimiento a sus abogados por su “trabajo formidable” y la “honestidad con la que encararon la defensa”. Además, destacó: “Hicieron un homenaje a todos los que participaron del programa Sueños Compartidos”.
El fiscal se opuso a la prescripción y defendió las condenas solicitadas para De Vido, López y Schoklender. En sus declaraciones, Schoklender evoco una frase de la expresidenta Cristina Kirchner al decir: “No voy a decir como decía la loca que la historia me va a absolver. Pero lo que sí es importante es que la defensa que ellos hicieron, más todo lo que se demostró acá, no tiene importancia el resultado. Quedó demostrado el valor para esas miles de familias que tuvieron la oportunidad que sus vidas cambiaran gracias a ese proyecto de obra pública intachable”.
Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, también subrayó la labor de su equipo legal y afirmó que “nunca tuvieron que tergiversar los hechos” para su defensa. En contraste, otros imputados como José López, Pablo Schoklender y Abel Fatala no hicieron uso de su derecho a hablar en esta audiencia.
La jueza Adriana Palliotti mencionó que el juicio se reanudará el próximo lunes 14 de septiembre, cuando los otros cuatro imputados tanto Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; como Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y los exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero, Daniel y Karina Nasif, expondrán sus últimas palabras.
La causa investiga el presunto desvío de más de $206 millones de un programa de obra pública. El fiscal Diego Velasco solicitó condenas de 6 años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, mientras que para el resto de los acusados demandó 4 años.
Un aspecto notorio es que el veredicto podría darse justo antes de que se cumpla el posible plazo para la prescripción del caso. Los defensores argumentan que el último acto interruptivo se produjo el 8 de julio de 2020, por lo que seis años ya habrían pasado para la extinción penal; sin embargo, la Fiscalía sostiene que se debe considerar la fecha del 15 de septiembre.
Según trascendió, Velasco indicó que dicha fecha está suspendida debido a que uno de los imputados ocupa un cargo público, lo que impide apelar a la prescripción. En última instancia, será el tribunal quien decidirá sobre esta cuestión.
