Luis Barrionuevo, líder del Sindicato de Gastronómicos, fue uno de los primeros en señalar este grave panorama. En una reciente exposición, comparó la situación actual con la que se vivió en los años 90, antes del arribo de Carlos Menem al poder, cuando “todos los gremios estaban en convocatoria y las obras sociales se fundieron porque sacaron la plata del sindicato para poner en la obra social, con lo cual la crisis se llevó puesto a los dos”.
El referente sindical destacó que, ante esta difícil realidad, es necesario plantearle al Gobierno: “O resuelven el problema o hay que decirle a Mario Lugones, el ministro de Salud: ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social’”. Si bien esta solución extrema no se considera viable, refleja las dificultades con las que se enfrentan los sindicalistas. Después de tres encuentros reservados en la sede de la UOCRA, las autoridades afirmaron que el ministro todavía no ha respondido a las propuestas planteadas para abordar la crisis que, según los expertos, es “casi terminal”.
Después del último encuentro, que tuvo lugar a finales de septiembre, la situación se agravó. Fuentes de la CGT señalaron que cerca del 90% de los fondos del Fondo Solidario de Redistribución, proveniente de aportes de trabajadores y empresarios, se destina actualmente a prestaciones por discapacidad, lo que genera un gasto promedio de cerca de un millón de pesos por afiliado, alcanzando unos 160 mil millones de pesos mensuales. Esto deja escasos recursos para cubrir los reintegros correspondientes a prestaciones de alta complejidad y medicamentos costosos.
Las prestaciones por discapacidad han representado, en años recientes, el mayor porcentaje de los gastos del sistema de obras sociales. En 2017, equivalían al 22% del Fondo Solidario de Salud; en 2019, al 37%; y en la actualidad, se acercan al 90%.
Uno de los reclamos realizados a Lugones ha sido que los costos relacionados con transporte y educación para personas con discapacidad sean asumidos por los ministerios correspondientes y transferidos al Fondo Solidario de Redistribución, una propuesta que no tuvo respuesta del anterior Gobierno.
Luis Scervino, ex responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud que asesora a la CGT, señaló que “estamos en una encerrona”. Afirmó que Argentina sostiene la atención médica principalmente a través de un modelo de seguridad social basado en aportes. Sin embargo, la caída del poder adquisitivo, unida al aumento desmedido de los gastos médicos, pone a las obras sociales en una difícil posición, lo que incluso conlleva a judicializaciones por falta de cobertura.
La crisis de las obras sociales se explica por varios factores, como señala un informe de la CGT, que destaca que más de 11 millones de beneficiarios, equivalentes al 78,5% del padrón nacional, no generan los recursos necesarios para costear las prestaciones requeridas por el Programa Médico Obligatorio. El sistema destina el 9% del salario a la cobertura médica, pero la pérdida de poder adquisitivo se aproxima al 30%, lo que se agrava por el aumento de los costos de los servicios asistenciales.
La central obrera advirtió que la situación económica y financiera general del sistema de obras sociales enfrenta una crisis severa que, para muchas organizaciones, es “casi terminal” debido a la imposibilidad de ofrecer servicios básicos. Dado que muchas obras sociales dependen de sus sindicatos para evitar el incumplimiento de pagos, la CGT alega que esta dependencia afecta la cadena de pagos a los prestadores y, en consecuencia, la calidad de atención, los tiempos de espera para procedimientos médicos y la satisfacción de los afiliados, mientras que el poder de compra de los medicamentos ha disminuido en un 40% en promedio.
Por otro lado, la inclusión de monotributistas genera otra dificultad para las obras sociales. Según el informe, sus aportes son un 78% inferiores al costo estimado del Programa Médico Obligatorio. Parte de estos afiliados optan por este régimen para acceder al sistema de salud a un coste mínimo.
Los jubilados que continúan en las obras sociales también impactan negativamente en las cuentas del sistema de salud sindical. Más del 80% de ellos pertenece a la franja de mayores de 65 años, y la transferencia fija por cápita se establece en 53.277,38 pesos, mientras que la recaudación por persona ronda los 159 mil pesos, sin una contrapartida significativa en servicios.
El informe de la CGT calificó esta discrepancia como “ampliamente negativa y discriminatoria” para las obras sociales que ofrecen cobertura a jubilados. Además, los hospitales públicos constituyen otra fuente de tensión financiera. La CGT ha criticado que, en ciertas regiones, los nomencladores para facturar prestaciones en hospitales superan a los de prestadores privados, y que la autorización previa para procedimientos programados no siempre se solicita, dificultando controles adecuados. En consecuencia, las facturas hospitalarias pueden transformarse en cosas juzgadas, lo que muchas veces deriva en judicializaciones.
