La iniciativa busca actualizar una normativa vigente desde 2010. La diputada nacional de CABA, Antonela Giampieri, indicó que aunque la ley fue un avance significativo en su momento, tras 16 años de aplicación el sistema presenta necesidades de ajuste ante situaciones complejas.
Los cambios propuestos incluyen modificaciones en las internaciones involuntarias, la integración de equipos clínicos, la continuidad de hospitales especializados y una mejor coordinación de recursos entre los ámbitos nacional y provincial.
En este sentido, Giampieri enfatizó que el objetivo no es abandonar el enfoque en los derechos, sino prevenir que las personas lleguen a momentos críticos sin asistencia: “Necesitás que llegue al sistema ya con la crisis explotada”.
La normativa actual establece que la internación sin consentimiento debe justificarse por un “riesgo cierto e inminente”. Sin embargo, la reforma sugiere reemplazar este parámetro por la noción de “riesgo grave”, ampliando así los criterios que los profesionales de salud deben considerar al decidir sobre una internación.
La diputada cuestionó que el criterio actual centre la evaluación exclusivamente en lo que ocurre durante la consulta. “Hay que evaluarla no solo en el momento en que llega a la guardia”, aseguró, explicando que el proyecto también contempla la revisión de antecedentes clínicos, brotes previos y consumos problemáticos.
Esta perspectiva propone que cada crisis no se evalúe de forma aislada, sino en el contexto de un proceso más amplio, incluyendo la historia del paciente. La legisladora argumentó que el comportamiento observado en la guardia podría requerir un análisis más profundo, considerando los antecedentes de episodios previos.
La internación no se presentará, según la propuesta, como una solución automática ni única. Desde la óptica de la diputada, se busca que el sistema actúe antes de que las situaciones alcancen su punto más crítico, en contraposición al requisito actual que necesita evidenciar un “riesgo cierto e inminente”, lo cual podría llevar a que la persona llegue con crisis ya desarrollada.
Otro aspecto relevante en la refoma es la composición del equipo encargado de las internaciones. Giampieri indicó que el procedimiento requeriría dos firmas, siendo obligatorio que una de ellas pertenezca a un médico o psiquiatra. “Uno sí o sí tiene que ser el médico”, subrayó.
La legisladora destacó la importancia de esta exigencia para identificar los diferentes factores detrás de alteraciones conductuales. Afirmó que el médico es quien puede determinar si la situación se relaciona con sustancias, patologías o bien un tumor, enfatizando la relevancia de su presencia en la decisión.
Al mismo tiempo, aclaró que esta incorporación no minimiza el papel de otras disciplinas. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas continuarán siendo parte fundamental del abordaje interprofesional.
La cuestión de las firmas se encuentra vinculada a un debate más amplio sobre las especializaciones necesarias al tomar decisiones que puedan afectar la libertad y atención de un individuo.
La propuesta también apunta a asegurar la continuidad de los hospitales especializados en salud mental. Giampieri criticó la idea de que todos los pacientes deban ser tratados exclusivamente en hospitales generales, argumentando que el sistema debe adaptarse a las diversas necesidades: “Hay pacientes que pueden estar en hospitales generales, pero otros no”.
Mencionó la existencia de hospitales especializados en Buenos Aires, como Borda, Moyano y Alvear, y recalcó que algunos pacientes necesitan atención ambulatoria, mientras que otros requieren internaciones definidas con seguimiento profesional.
Frente a la persistencia de la idea errónea de que las instituciones especializadas son sinónimos de encierro, la diputada afirmó: “Los manicomios no existen en la Argentina”, subrayando la distinción entre estos modelos y los dispositivos necesarios para un tratamiento adecuado.
Giampieri señaló que la aplicación de la ley actual ha llevado al cierre de instituciones especializadas en varias provincias, proponiendo que cada jurisdicción defina sus prioridades y que el Ministerio de Salud de la Nación, junto a las provincias, determine los recursos necesarios para garantizar la atención.
El proyecto incluye cooperación financiera del gobierno nacional para fortalecer capacidades provinciales, señalando que no todas las regiones demandan la misma infraestructura, por lo que algunas pueden requerir hospitales especializados mientras que otras necesitan centros de día o dispositivos sociales.
La reforma también contempla la prevención del suicidio, la depresión y los consumos problemáticos en jóvenes. La diputada enfatizó que las políticas públicas deben anticiparse a las crisis, destacando que “el suicidio es la primera causa de muerte violenta en el país”.
Según sus estadísticas, en Argentina entre 11 y 12 personas mueren por suicidio cada día. Este fenómeno, compuesto por múltiples factores, abarca aspectos biológicos, sociales, enfermedades mentales y consumo de sustancias, donde se destaca que “el suicidio no es previsible, pero sí es prevenible”.
Giampieri recalca la importancia del rol de las escuelas en esta temática. Aunque los docentes no deben diagnosticar, es esencial que cuenten con herramientas para identificar situaciones de riesgo y activar los circuitos de salud correspondientes.
Además, propone que los clubes sirvan como espacios de apoyo, sugiriendo que la solución requiere cooperación entre familias, escuelas, organismos de niñez y los ministerios de Salud, evitando intervenciones aisladas.
En sus reflexiones finales, la diputada relacionó la salud mental con el uso de redes sociales y el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial. En este sentido, sostiene que el Congreso debe discutir sobre educación digital y regulación de plataformas, pero se opone a respuestas uniformes que propongan prohibiciones: “No creo en la prohibición de las redes sociales”.
Su enfoque está más orientado a educar a niños y adolescentes sobre el funcionamiento de estas plataformas, así como sobre los riesgos asociados y cómo detectarlos. Giampieri insiste en que la prevención no se limita a restringir el acceso, sino que implica formar a los jóvenes para comprender su entorno digital.
También advirtió sobre la creciente dependencia de asistentes como ChatGPT, Claude o Gemini como sustitutos de la consulta profesional. “No son psicólogos”, concluyó, afirmando que no hay dispositivo que reemplace la empatía y la comprensión humana presentes en el ámbito de la salud mental.
Finalmente, quedará en manos del Senado decidir si se actualizan las regulaciones sobre internaciones, la participación de la medicina en decisiones clínicas y la organización de la atención territorial, centrando el debate en la premisa señalada por la diputada: “No son psicólogos”.
