El tribunal de alzada anuló la decisión original del Juzgado Federal de Campana, que había dispuesto la continuidad de los pagos del programa hasta que se implementara una política pública sustitutiva. Los magistrados argumentaron que mantener la transferencia era “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, lo que permite al Gobierno avanzar en el reemplazo del plan por un sistema de vouchers para capacitación laboral.
Los beneficiarios del programa, representados por varias organizaciones, solicitaron la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviese la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se llevara a cabo efectivamente una política que asegurara niveles de protección similares o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Afirmaron que la suspensión del programa significaba la pérdida de un ingreso mensual, causando un perjuicio actual y claro de orden patrimonial y social.
Sostuvieron que no estaban exigiendo un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, a raíz de la decisión de poner fin al programa sin prever una continuidad para los beneficiarios.
El juez de primera instancia había hecho lugar a la medida cautelar basándose en algunos fundamentos clave. El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, apeló esta resolución, y la Cámara de Apelaciones de San Martín falló a su favor. Entre los argumentos más relevantes, se indicó que el programa “Volver al Trabajo” no confería derecho adquirido a sus beneficiarios, dado que su duración estaba limitada a dos años.
La Cámara destacó que las medidas cautelares no podían entorpecer la definición y ejecución de políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo y enfatizó que los requisitos legales para dictar un amparo provisional no estaban cumplidos en este caso. La decisión favorable al recurso del Gobierno indica que la continuación forzada del programa constituía una injerencia judicial y perpetuaba un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Pettovello, recupera la capacidad presupuestaria para redirigir los fondos y avanzar en el rediseño de las políticas sociales.
El nuevo esquema que estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, liderada por Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros de formación provinciales y organizaciones que gestionan talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.
Ante esta decisión, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) emitió un comunicado en el que afirma: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores, y en agosto no se pagará el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario.”
Desde la Casa Rosada aseguran que los fondos liberados del programa serán utilizados para financiar la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias ubicadas en áreas de mayor vulnerabilidad social.
La resolución de la Cámara se estableció “con costas por su orden”, lo que implica que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, teniendo en cuenta la complejidad y naturaleza del debate.
La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de recibir la asignación mensual, lo que impactará de manera directa en los sectores informales en todo el país.
