Surge una interrogante: si los acuerdos bilaterales entre Argentina y Estados Unidos limitan la intervención directa de los agentes de la DEA en el país, ¿qué mecanismo emplea la agencia para realizar el control? La respuesta radica en los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), que fueron creados por Patricia Bullrich y cuentan con el respaldo explícito y económico de la DEA, incluso de manera irregular, durante el gobierno de Mauricio Macri.
A inicios de 2026, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sucede a Bullrich, anunció la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario. Sin embargo, uno de los párrafos más relevantes de este anuncio destacaba: “Desde su creación, los GOC tuvieron vida propia, al punto de que a pesar de que eran publicitados como la élite en inteligencia criminal contra el narcotráfico, sus resultados eran menores, casi nulos”.
El problema se plantea al observar que los resultados eran prácticamente nulos para Argentina, mientras que la DEA ejercía control directo sobre la selección de sus miembros y el manejo de los GOC, independientemente de las quejas de las fuerzas de seguridad locales, como Gendarmería y Policía Federal.
Un nombre clave en esta dinámica es el del subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, quien, al igual que durante la primera gestión de Bullrich, actúa como coordinador formal, aunque en la práctica facilita a la DEA la libertad de movimiento, sin considerar la legalidad de tales acciones.
El GOC, con el apoyo de la DEA, no tiene su enfoque en el narcotráfico de Rosario, sino que su prioridad se centra en la agenda de la agencia estadounidense, que ahora se dirige hacia la Hidrovía, en la etapa final de su licitación. A medida que concursan distintos grupos extranjeros, actores locales como el Grupo Neuss también están mostrando interés. Un aspecto a considerar es que, si Gustavo Elías obtuviera los contratos de balizamiento en el Paraná y avanzara con sus operaciones en el Puerto de Tierra del Fuego, consolidaría tres puntos estratégicos que son de interés para la DEA al dirigirse a Europa.
Desde 2022, la DEA en Argentina es liderada por el agente John Wallace, quien mantiene un interés en cualquier factor que pueda perjudicar a Estados Unidos, poniendo énfasis en las fronteras y las principales vías fluviales, siendo la información su principal recurso.
El interés de Estados Unidos en la Hidrovía se reflejó en un informe reciente elaborado por el Departamento de Estado y el Global Organized Crime Index. En el capítulo que analiza la situación de Argentina, se menciona que “Rosario, con su puerto fluvial sobre el río Paraná, sigue siendo un importante centro de redistribución. El tráfico regional de cocaína está controlado en gran medida por grupos internacionales de tipo mafioso, mientras que las bandas locales rosarinas, como Los Monos y Alvarado, se encargan de la distribución interna”. En este sentido, la DEA se interesa más por las organizaciones internacionales que manejan los cargamentos que por la distribución local.
En su Reporte Anual más reciente, la DEA informó que “las 10 zonas francas de Argentina y un área aduanera especial en la provincia de Tierra del Fuego carecen de controles suficientes para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo y el tráfico de drogas”.
Por lo tanto, no es sorprendente que Ocindex enfatizara la importancia de las vías fluviales en relación a la escasez de control por parte del país: “Argentina enfrenta importantes retos relacionados con la seguridad fronteriza, el crimen organizado y las amenazas cibernéticas. Las extensas fronteras terrestres del país, en su mayoría no reguladas, facilitan el contrabando y el tráfico de drogas, especialmente a lo largo de sus límites septentrionales con Bolivia, Paraguay y Brasil. La región de la triple frontera es un punto conflictivo para las actividades de contrabando y el Paraná y otros ríos sirven como rutas claves para el tráfico de drogas”.
Ante este diagnóstico, Monteoliva reveló que la DEA, a través del GOC, asumiría el control de la Hidrovía.
Este acuerdo se inició con un viaje realizado por Patricia Bullrich a las oficinas de la DEA en Arlington, Virginia, en febrero de 2016. Al regresar, presentó un proyecto de ley que legitimaba varias de las técnicas solicitadas por la DEA, aprobadas en noviembre del mismo año. Sin embargo, la creación de los GOC en 2017 fue el paso más significativo.
Desde su inicio, la DEA impuso condiciones a Bullrich para el financiamiento de los GOC: la primera era que los aspirantes debían someterse a la prueba del polígrafo; la segunda, que la selección incluyera reuniones a solas entre los agentes de la DEA y los oficiales argentinos, sin la supervisión de representantes locales, a pesar de que estos últimos fueron formados para operar en el país.
Documentación del Ministerio de Seguridad revela que las fuerzas federales de origen expresaron en numerosas ocasiones su descontento por la falta de control sobre sus agentes, pues respondían a la DEA. Según un informe restringido, la agencia estadounidense aportaba entre 3 y 10 mil dólares en ‘negro’ para el pago de informantes, con los miembros de los GOC documentando gastos a través de un archivo Excel que remitían a sus superiores americanos, lo que planteaba la pregunta sobre la legalidad de tales transacciones sin autorización judicial.
Esa es la estructura que Monteoliva ha delegado para controlar Rosario y, por ende, la Hidrovía, por donde transitan cerca de 4500 buques anualmente, abarcando puertos de cinco países, independientemente de quién obtenga su control.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, pese al firme alineamiento del presidente Javier Milei, Argentina continúa siendo un país de tránsito de drogas, presentando grandes brechas en el control de los cargamentos que ingresan y circulan por su territorio.
El último informe internacional de la DEA, demorado en su publicación para 2026, diagnostica que “los altos impuestos y los controles de capital incentivan la transferencia de riqueza al extranjero, lo que contribuye a la actividad del mercado cambiario informal y al aumento del uso de efectivo y criptomonedas. Los narcotraficantes y los lavadores de dinero se aprovechan de esta situación”.
En el informe también se detalla el papel de Argentina en el monitoreo que planea la agencia antinarcóticos, subrayando su enfoque en la ruta principal del Paraná.
