Milei aduce que esta reforma es esencial para poner fin al “péndulo monetario” de las diferentes administraciones y no rehúye la controversia que acecha a la iniciativa: “¿Es la modificación del BCRA un asunto que le interese a la gente de a pie? Por supuesto que no, pero es necesario. Quizás en algún momento debamos hacer anuncios relacionados con la actividad económica o el bolsillo de la población más afectada, una preocupación que generalmente surge entre las demandas sociales en cualquier encuesta seria”.
Con el envío del proyecto al Congreso en marcha para su discusión en la Cámara de Diputados, las ambiciones de Milei se suman a la lista de temas pendientes de abordar: el Super RIGI, la Inocencia Fiscal II, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el régimen de Zona Fría y un complicado paquete que se ha estado perfeccionando desde el área de Desregulación y Transformación del Estado, entre otros múltiples temas. Todo esto ocurre en un contexto donde La Libertad Avanza se encuentra obsesionada con un objetivo primordial: lograr la reelección. Y no de cualquier forma: se busca obtenerla en primera vuelta. ¿La razón? La posibilidad de un balotaje, en el escenario actual, parece una aventura cargada de incertidumbres, ya que depende de cómo se ajuste el volátil terreno de la economía cotidiana.
La presión para alcanzar el 40% de los votos con una diferencia de diez puntos porcentuales respecto al segundo, o de conseguir más del 45% del total, representa una meta exigente. Aquí es donde se presenta otro elemento clave del futuro inmediato: la Reforma Electoral y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, una estrategia que podría complicar los armados de una oposición que ya enfrenta una notable fragmentación y, según el análisis del oficialismo, fortalecería sus propias posibilidades de éxito.
“Están desesperados por asegurar un triunfo el 24 de octubre y no depender de lo que pueda suceder el 21 de noviembre de 2027. Obviamente harán todo lo posible, y nosotros debemos aprovechar para negociar condiciones favorables”, confiesa un gobernador que los libertarios consideran “aliado”. “Extirpar para siempre las PASO del régimen de votación argentino se les va a hacer imposible a Javier y Karina. Además, no tener esa herramienta en el futuro podría volverse en nuestra contra”, sostiene otro mandatario, conocido por su estilo “dialoguista”.
Consciente de los reparos que se extienden, aunque con matices, en las 24 jurisdicciones del país, la Mesa Política de la Rosada ha comenzado a ofrecer una alternativa: no eliminar, como propone formalmente el proyecto presentado el 23 de abril en el Congreso, sino suspender las primarias, tal como ya sucedió en las elecciones legislativas de 2025. “Eso cambió todo y aflojó la tensión en las negociaciones -relata uno de los miembros de este órgano informal-. Con esa opción en el menú, el acuerdo está ‘70% cocinado’.” Poco importan las experiencias de 2015 y 2023, cuando las PASO fueron utilizadas por dos de las tres fuerzas más votadas: La Libertad Avanza se encamina a obtener una nueva pausa en ese sistema, “idealmente en septiembre, pero sin duda antes del 31 de diciembre”, afirman.
En Balcarce 50, tratando de evitar ser obvios, repiten los mismos argumentos de su discurso preestablecido: que las PASO pocas veces fueron realmente competitivas, que son una encuesta costosa, que la ciudadanía debe sufragar demasiadas veces y que, además, generan volatilidad en los mercados. Además, argumentan que reivindican lo que siente la mayoría de la sociedad: un estudio de Isasi/Burdman Consultores reveló que el 63% de la población está de acuerdo con que cada partido decida libremente el método para elegir a sus candidatos.
Los responsables de asegurar que todo marche según lo previsto conforman una especie de nuevo Triángulo de Hierro: con la supervisión necesaria de Karina Milei, el ministro coordinador Diego “El Colo” Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem se encargan de enhebrar los acuerdos a nivel nacional. A ellos suelen sumarse el creciente vicejefe de Gabinete Ignacio “Nacho” Devitt y el viceministro del Interior Gustavo Coria. “Esa es la verdadera mesa de decisiones. La otra sirve solo para la foto”, afirman quienes conocen el trasfondo.
Después de meses de gestión paralizada -marcados por el escándalo en torno a Manuel Adorni y las peleas internas con el sector de Santiago Caputo-, la instrucción que se impartió fue concentrarse en conseguir cuatro años más de poder para Milei. A pesar de que quienes lo ven con frecuencia notan un cambio en su disposición para enfrentar luchas, desde sus oficinas se muestran confiados al recordar que siempre han sostenido la necesidad de buscar acuerdos políticos, ceder jurisdicciones a gobernadores afines y enfocarse en ganar a nivel nacional. “¿De qué nos sirve tener gobernadores propios si no podemos reelegir?” se cuestionan sus allegados. Cuando estos rumores llegan a los oídos de Milei, su hermana deja entrever que “no va a regalar nada” y que evaluará la situación “provincia por provincia” antes de firmar cualquier acuerdo. Con una mezcla de pragmatismo y resignación, reconocen: “No lograremos pintar el país de violeta en 2027. Con un poco de viento a favor, tal vez logremos que alguna provincia sea completamente nuestra.”
No obstante, nada es gratuito en política. Muchos de los mandatarios provinciales están envueltos en negociaciones constantes por recursos con la Casa Rosada y las aspiraciones electorales de los libertarios les resultan muy convenientes. La lista de exigencias incluye fondos adicionales, autorizaciones para adquirir créditos, acuerdos sobre concesiones de rutas e incluso pliegos para nombramientos judiciales. Al mismo tiempo, surgen una serie de demandas específicas de cada región: por ejemplo, los tres gobernadores de la Región Centro que esta semana inauguraron la sede del bloque regional en Córdoba están solicitando la eliminación total de las retenciones al campo, una participación activa en la decisión sobre la hidrovía y una legislación federal en biocombustibles. Este reclamo exige atención, dado que proviene de líderes en sus provincias: los territorios que lideran Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio constituyen el principal bloque productivo del país, integrando una población de 8,4 millones de habitantes, generando el 25% del PBI argentino y concentrando el 38% de las exportaciones.
Más allá de estos ítems relacionados con lo que uno de los gobernadores califica irónicamente como “el vil metal”, subyace un esquema de negociaciones puramente transaccionales: a cambio de votar en el Congreso a favor de la suspensión de las PASO, La Libertad Avanza no competiría en las elecciones locales, permitiendo que los gobernadores mantengan el control territorial y aumenten sus posibilidades de alcanzar la mayoría en sus legislaturas. En este contexto, es una situación de “ganar-ganar”: el partido de Milei obtendría también el respaldo de esos mandatarios en la contienda nacional.
Un elemento que no escapa a la atención de los actores involucrados en esta trama es que muchas provincias planean realizar comicios desdoblados. “Se viene un verdadero Desdoblapalooza: un festival de elecciones que no estarán ligadas a la fecha de las presidenciales”, analiza un alto funcionario de la administración actual. De hecho, el tucumano Osvaldo Jaldo ya se ha convertido en el primero en fijar una fecha anticipada para el 9 de mayo de 2027. Podrían sumarse a esta iniciativa provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Misiones, Salta y Jujuy. “Eso generará un componente de confianza mutua que no podremos manejar del todo. Inicialmente, se confeccionarán las listas provinciales que aparecerán en las boletas; ahí los libertarios tendrán que cumplir los pactos preestablecidos y no fallar. Más adelante, se inscribirán las boletas únicas de papel para las elecciones nacionales, donde nosotros tendremos que apoyar al oficialismo y devolver las gentilezas”, describe un operador político del interior.
Los posibles acuerdos entre la Mesa Política y sus aliados abarcan diversas tácticas: desde competir juntos, sin ningún tipo de trampa, con la intención de ganar, hasta presentar listas libertarias para fragmentar a propósito a la oposición o directamente no presentar listas para no restar votos al gobernador aliado.
¿Y qué hay de las colectoras? Sin duda, esta opción se incluye en el abanico de posibilidades, aunque para el criterio de los libertarios, suena a casta y fue desalentada desde 2019 por un decreto de Mauricio Macri que señalaba que este sistema electoral “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”. Sin embargo, este recurso plantea una serie de problemas éticos para aquellos que se alinean con el PRO si deciden avanzar con esta estrategia, que La Libertad Avanza se atreve a llamar simplemente “adhesiones”: la posibilidad de que la candidatura de Javier Milei recabe el apoyo de una lista de legisladores de otro color político y que luego las bancas se distribuyan bajo el sistema de reparto proporcional D’Hondt.
Una última complicación surge de un aspecto delicado de la Reforma Electoral: ¿cómo se estructurará la Boleta Única si se incluye un casillero para votar por lista completa? “Algún experto encontrará la solución”, sostienen, de manera enigmática y sin proporcionar respuestas concretas, en la Casa Rosada.
En el primer piso del edificio gubernamental, están convencidos de que deben obtener el apoyo de al menos una docena de provincias. Con este objetivo en mente, avanzadas están las gestiones en Chaco (donde Leandro Zdero, el gobernador, recibirá la visita de la dupla Karina/Santilli en días próximos), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Mendoza (Alfredo Cornejo), San Juan (Marcelo Orrego), Neuquén (Rolando Figueroa), Chubut (Ignacio Torres), San Luis (Claudio Poggi) y Jujuy (Carlos Sadir). Además, hay oportunidades en las otras dos provincias de Buenos Aires, así como en Santa Fe, Salta, Corrientes y Misiones.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, se presentan situaciones que requieren mayor atención. Por un lado, la cúpula libertaria manifiesta su voluntad de diálogo con la ciudad de Buenos Aires, donde los primos Macri no están atravesando el mejor momento. Sin embargo, son conscientes de que un acuerdo con el espacio amarillo debe involucrar también al territorio bonaerense, donde “El Colo” es considerado una figura clave. Aunque Javier Milei no ha mantenido contacto con el presidente del PRO durante meses, ambos sectores afirman que tarde o temprano se reanudará el diálogo “para que no regresen los kirchneristas”. Un dato que también despierta curiosidad es si Axel Kicillof está considerando, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente, no sincronizar las fechas de las elecciones provincial y nacional.
Los responsables libertarios del proyecto electoral han establecido que no hay espacio para pactos o tratos en provincias como Córdoba, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Con este panorama, la decisión es que el Presidente, al menos por ahora, no se desplace a ninguna provincia. “No sirve de nada”, es la opinión de su círculo cercano. Esta postura se hace evidente ante las quejas de muchos gobernadores, quienes no solo lamentan que no los reciba, sino que tampoco se les ofrece el gesto de un saludo en actos como el del 9 de julio, con motivo del Día de la Independencia. Sin embargo, hay una contracara en la forma en que el oficialismo busca resaltar la importancia de ciertas imágenes; un ejemplo reciente fue la grandeza del evento organizado por Maximiliano Pullaro para la transferencia de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe, donde se esperaba una reunión con la secretaria general, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, pero al final se presentaron un total de 18 funcionarios. “Un mamarracho que evidenció el intento de transmitir la idea de que existía sintonía política de cara al futuro, justo en un territorio donde La Libertad Avanza podría salir de la carrera como tercera”, argumentan los críticos.
El operativo para lograr la reelección se lleva a cabo en un contexto donde la economía real presenta datos alarmantes: la actividad ha mostrado señales de estancamiento, el consumo masivo ha acumulado siete meses en caída y más de diez millones de trabajadores perciben salarios por debajo de $1.500.000 mensuales. Además, el Instituto Argentino Grande ha revelado que en el último año se han perdido 141.700 empleos registrados en relación de dependencia, lo que se suma a la pérdida de más de 329.000 empleos en el sector público y privado desde el inicio de la gestión libertaria. El endeudamiento también complica la situación: créditos utilizados para gastos corrientes y obligaciones que se vuelven incosteables; la mora con entidades financieras alcanzó el 7,6% en mayo, tras diecinueve meses consecutivos de crecimiento, y en las billeteras virtuales llegó al 29,6%. Además, los jubilados continúan reclamando lo que consideran haberes “miserables”, con la mínima, incluyendo el bono de $70.000, fijada en $481.989,33.
Todos estos sectores en crisis probablemente presten poca atención a los futuros seguros jurídicos del Banco Central. Lo mismo ocurre con la reciente decisión de la agencia de calificación de riesgo Moody’s, que se sumó a Fitch y a Standard & Poor’s al asignar al país un panorama “positivo”. Lejos de ser relevantes, estas noticias se diluyen ante la realidad diaria: en la Argentina libertaria, la rápida destrucción en los sectores de industria, comercio y construcción avanza más velozmente que la creación de oportunidades en energía, minería, agro y finanzas. Este desajuste se refleja en los estudios de opinión pública, donde Javier Milei conserva un apoyo básico, aunque no aparece una figura opositora que claramente pueda confrontarlo en el centro del debate. Sin embargo, su respaldo es escaso: según un promedio de 121 encuestas ponderadas por la organización no gubernamental Fundación Ciencias para Gobernar (CiGob), el 39,2% aprueba la gestión libertaria, en contraste con un 56,2% que la desaprueba. “Después del repunte de junio, la mayoría de las encuestas revelan lo mismo: la imagen del Gobierno vuelve a decaer. El cambio de Adorni renovó el ambiente en algunos segmentos, pero el factor decisivo al evaluar la gestión ha sido, y seguirá siendo, la economía del día a día. Aquí residen tanto los ascensos como los descensos”, analiza la consultora Mora Jozami.
El último informe de QSocial aporta un dato que inquieta en los pasillos del poder. Al inquirir sobre la situación actual del país, apenas el 16% responde que es “buena”, mientras que el 35% la califica como “regular” y un alarmante 48% la considera “mala”. Por otro lado, las expectativas no son mucho mejores, ya que solo el 26% opina que la economía mejorará el próximo año, frente a un 47% que prevé un empeoramiento. Lo más preocupante es que cuando se les pregunta cuánto tiempo más están dispuestos a esperar para que las políticas oficiales mejoren su situación personal, la mitad responde que ya no pueden esperar más. Ese es el porcentaje que ningún acuerdo parlamentario puede dar por “cocinado”.
