La sesión comenzará con la toma de juramento de Claudia Cecilia López, de La Libertad Avanza, quien ocupará la banca por la minoría de La Rioja en reemplazo del fallecido senador oficialista Juan Carlos Pagotto.
Pagotto también será homenajeado durante la sesión. En ese tramo se recordará, además, a Norberto Di Próspero, exsecretario general de la Asociación del Personal Legislativo, fallecido hace dos semanas, y al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte.
El primer asunto previsto para el debate es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, una iniciativa destinada a promover proyectos de entre 200 y 1000 millones de dólares.
Luego se tratará la regulación del mercado de carbono. El proyecto, que cuenta con dictamen desde hace tres semanas, propone un sistema para comerciar, canjear o vender permisos de emisión de gases de efecto invernadero.
En tercer lugar figura la modificación de la Ley de Salud Mental, propuesta por el Poder Ejecutivo. El proyecto recibió cambios sustanciales en comisiones luego de las fuertes críticas a la posición del Gobierno.
La iniciativa genera una marcada división en el recinto. El kirchnerismo la rechaza de plano, mientras que un sector del peronismo disidente impulsa un dictamen de minoría con modificaciones puntuales, aunque también cuestiona el proyecto en sus aspectos centrales.
Ante ese escenario, el oficialismo aceptó introducir varios cambios en el dictamen para reunir los votos necesarios para aprobarlo y enviarlo a la Cámara de Diputados para su revisión.
Las modificaciones deberán incorporarse durante la sesión. Por eso, se prevé que el debate artículo por artículo sea lento y desordenado, además de una discusión general que se anticipa extensa por las distintas posturas sobre el tema.
El dictamen de salud mental se aparta de la propuesta original del Ejecutivo: reduce el alcance de la reforma y restituye garantías incluidas en la Ley 26.657, sancionada durante el kirchnerismo.
El texto inicial exigía que una firma psiquiátrica fuera obligatoria para disponer una internación. La nueva redacción, en cambio, habilita que la evaluación la realice un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con un segundo profesional que deberá ser psicólogo. Este último requisito se agregará en el recinto y responde a la presión de las facultades de psicología.
La norma también permite la teleconsulta sincrónica para intervenciones psiquiátricas, reconoce la firma de un psicólogo para evaluar y dar el alta, y mantiene la prohibición de crear manicomios o llevar adelante prácticas de ese tipo.
En materia económica, el proyecto restablece los fondos nacionales destinados a las provincias.
Ante las dudas de senadores del interior sobre el cumplimiento de esos desembolsos por parte del Ejecutivo, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, confirmó que se incorporará una redacción que establezca de manera taxativa la obligación de financiamiento nacional. También se permitirá que las provincias firmen convenios con la Nación para determinar los aportes del Tesoro correspondientes a uno o más períodos fiscales.
