En la sesión de este jueves, también se aprobó la ley conocida como “Hojarasca”, que tiene como objetivo eliminar regulaciones consideradas “obsoletas” en el distrito, además de garantizar el financiamiento de la línea F de subte. Pro y el bloque presidido por Pilar Ramírez, colaboradora de Karina Milei en la Ciudad, mostraron unidad durante la votación de ambas medidas.
La iniciativa libertaria propone modificar el servicio de la VTV en la ciudad. Incluye la ampliación de los plazos de revisión para vehículos particulares, la liberación del esquema tarifario, que hasta ahora estaba regulado por el Estado, y la apertura para que talleres privados puedan llevar a cabo las verificaciones.
Anteriormente, el servicio había estado concentrado en un reducido grupo de empresarios, algunos de los cuales están en la mira por presuntas irregularidades en la licitación de la VTV de la provincia de Buenos Aires, vinculados a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de Axel Kicillof.
“Pocas plantas, pocas opciones, poca competencia. Nos dijeron que no había otra alternativa. Nosotros creemos todo lo contrario, creemos que el Estado tiene que controlar que la revisión se haga bien, pero no decidir dónde, cómo y con quién tenemos que hacer la revisión técnica, por eso abrimos la competencia”, sostuvo Ramírez. “Una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta es tener un sistema cerrado”.
El proyecto contó con el respaldo del bloque oficialista Vamos por Más (Pro, Coalición Cívica y Republicanos Unidos), la Unión Cívica Radical (UCR) y Confianza y Desarrollo, liderada por Emmanuel Ferrario, afín al exalcalde Horacio Rodríguez Larreta.
Los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (PJ) se opusieron a la propuesta que permitía a la ciudad adherir al régimen sugerido por el gobierno nacional, señalando la desregulación de precios y las potenciales dificultades para garantizar la calidad y seguridad de las VTV realizadas en talleres privados.
LLA también obtuvo la aprobación de la ley “hojarasca”, la cual, al igual que su par nacional, busca eliminar normas y registros considerados “obsoletos” en el área tradicionalmente controlada por Pro. El partido de Javier Milei ha promovido desde hace tiempo una agenda de desregulación y simplificación burocrática en el distrito.
“Durante años se acumularon normas, trámites y requisitos sin sentido. Con hojarasca, eliminamos burocracia y les devolvemos tiempo y libertad a los porteños”, afirmó la presidenta de la bancada violeta. Entre otros aspectos, la ley eliminó ciertos registros profesionales y regulaciones que afectaban actividades comerciales, turísticas y operativas, como restricciones al uso de plazas y parques públicos.
Esta mañana, en las afueras de la Legislatura, guías turísticos protestaron contra esta norma, que revoca su registro profesional en la Ciudad. También se presentaron manifestaciones en defensa de la educación especial, a raíz de quejas de docentes sobre supuestas restricciones a la inscripción de adultos al programa BA Aprende.
Fuerza Patria también se opuso a la ley. “Una vez más, en lugar de realizar una revisión seria e integral, Jorge Macri se adhiere rápidamente a este proyecto de Ley Hojarasca de LLA para alinearse con el discurso de desregulación del gobierno nacional. En el proceso, se derogan leyes que son fundamentales para la vida cotidiana y el funcionamiento básico de la Ciudad, como el control de la cadena de frío en las góndolas, el régimen de promoción de la economía social o la protección de espacios verdes públicos”, expresó Claudia Neira, presidenta del bloque peronista.
Al igual que LLA, Jorge Macri también alcanzó dos logros en el ámbito legislativo. Por un lado, sancionó una reforma al Código Contravencional que endurece las penas para quienes ejercen la actividad de “trapitos” y cuidacoches, una promesa formulada en la apertura de sesiones en marzo que se alinea con su agenda de “orden del espacio público”.
El financiamiento de la línea F es otro proyecto aprobado por Pro, que necesitaba el visto bueno de la Legislatura para contraer deuda y avanzar en la construcción de esta nueva línea de subterráneo, que conectará Palermo y Barracas. La normativa autorizada establece un pasivo máximo de 1350 millones de dólares.
La aprobación del financiamiento se dio con amplia mayoría, contando con el respaldo de aliados tradicionales de Vamos por Más como la UCR, pero también recibió el apoyo de Confianza y Desarrollo, LLA y legisladores peronistas. Sin embargo, este apoyo no estuvo exento de críticas.
Tanto el bloque libertario como Fuerza por Buenos Aires manifestaron su preocupación por la falta de planificación del gobierno y las reiteradas postergaciones en el llamado a licitación. Desde la bancada de Rodríguez Larreta, además, señalaron al jefe de gobierno por el deterioro en la red de subte.
“Queremos la Línea F, la G, la I. Pero no creemos que esta gestión esté a la altura de ofrecer un transporte público de calidad a los porteños. Hoy observamos una frecuencia deficiente, problemas de limpieza, estaciones que cierran durante meses y anuncios que parecen meramente fotográficos”, indicó Ferrario.
Según fuentes confiables, el peronismo buscó negociar su apoyo al proyecto de financiamiento a cambio de que Pro respaldara una propuesta del excandidato a jefe de gobierno Leandro Santoro para el desendeudamiento familiar. Este acuerdo contó con la intermediación de Cristian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura.
El proyecto de Santoro tiene como objetivo establecer una línea de crédito especial del Banco Ciudad destinada exclusivamente a la cancelación de deudas personales previas a la aprobación de la norma. Además de Pro, el proyecto recibió el apoyo de la UCR, representantes del sector larretista y la Izquierda. LLA lo consideró insuficiente, argumentando que podría resultar dañino a mediano plazo, por lo que decidió abstenerse de la votación.
Los beneficiarios tendrán hasta 60 días desde la implementación de la ley para acceder a este crédito. No podrán acceder quienes sean titulares de más de un inmueble, dueños de vehículos con menos de cinco años, embarcaciones o aeronaves, titulares de activos financieros o quienes hayan adquirido divisas durante el periodo en que se generaron las deudas reclamadas.
“Facilitar la refinanciación de deudas a una persona en situación de vulnerabilidad financiera sin brindarle apoyo no es una solución real. Por el contrario, puede generar dificultades adicionales en el largo plazo”, aseveró la legisladora violeta Solana Pelayo.
