De acuerdo con los documentos oficiales, el objetivo del Ejecutivo es respaldar el financiamiento destinado a la lucha contra el crimen organizado y a la promoción del empleo privado.
Las iniciativas, que cuentan con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli, buscan garantizar “condiciones de financiamiento más favorables”.
El Decreto 549/2026 habilita un contrato de contragarantía con el BID por hasta u$s 550.000.000. Estos recursos están asociados al “Programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia en Argentina (PROSEJUS)”, con el principal propósito de reducir la impunidad en delitos relacionados con organizaciones criminales.
La medida contempla una garantía parcial que facilita al país la obtención de préstamos comerciales con un coste financiero estimado inferior al de los bonos soberanos en el mercado. La Secretaría de Finanzas, bajo la órbita del Ministerio de Economía, actuará como la autoridad encargada de la aplicación y ejecución de este programa.
Por su parte, el Decreto 550/2026 ratificó un Acuerdo de Indemnidad con el BIRF. En este caso, la garantía basada en políticas (PBG) asciende a u$s 1.200.000.000.
Este programa tiene como finalidad mejorar el clima empresario y fomentar la inversión privada, el comercio y la generación de empleo. De manera similar al acuerdo con el BID, la Oficina Nacional de Crédito Público destacó que esta operación está vinculada a créditos comerciales en fase de implementación, con condiciones competitivas.
Se señaló que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió el dictamen sobre ambas operaciones y comunicó que estas contragarantías no generarán impactos inmediatos en la Balanza de Pagos, ni en la cuenta corriente ni en la financiera.
Los flujos solo considerarán “pagos contingentes” —tales como intereses o amortizaciones— exclusivamente en caso de que las garantías sean ejecutadas.
De esta manera, el Ministerio de Economía queda habilitado para firmar la documentación final y realizar las modificaciones necesarias, siempre que no modifiquen el objeto principal ni incrementen los importes establecidos.
