La situación se complica debido a que la intervención prosigue, a pesar de la existencia de un proceso judicial en curso y un pedido formal de medidas de protección ambiental. Esta denuncia está vinculada al expediente N° 82121 ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°3 de La Plata y la UFIJ N°16, que investiga presuntos daños ambientales.
Las organizaciones que han seguido el caso sostienen que la responsabilidad política recae directamente en la administración provincial. Desde la Asamblea de la Reserva Mundial de Biosfera Pereyra Iraola, se afirma que la continuación de los trabajos por parte de AUBASA agrava el riesgo de daños progresivos e irreversibles, ya que el Ejecutivo bonaerense no ha establecido una suspensión efectiva.
La crítica no solo se centra en la existencia de la obra, sino también en la decisión del gobierno provincial de mantenerla a pesar de las objeciones técnicas y legales. Según la documentación del expediente, los ambientalistas han denunciado fallas estructurales en la evaluación ambiental del proyecto. Entre las objeciones, destacan la falta de análisis de alternativas de localización, la ausencia de criterios obligatorios para la selección ambiental, la omisión de efectos acumulativos o sinérgicos en el estudio de impacto ambiental y la carencia de una Declaración de Impacto Ambiental válida.
Además, consideran que el proyecto infringe el régimen de protección de áreas naturales establecido por la Ley Provincial N° 10.907. Esta situación plantea un problema para la administración provincial, dado que las objeciones apuntan a aspectos que son competencia del propio Estado: la evaluación ambiental, los permisos, el control sobre AUBASA y la decisión política de avanzar o detener la obra en un área de alta sensibilidad ambiental.
La Reserva Pereyra Iraola forma parte del Programa MAB de la UNESCO y está incluida en una red internacional dedicada a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible y la investigación científica. Este espacio integra pastizales, humedales y bosques nativos conectados con la Reserva Natural Punta Lara mediante corredores biológicos.
Los especialistas consultados advierten que una obra vial dentro de este sistema podría causar fragmentación del hábitat, pérdida de conectividad genética, alteraciones en los ciclos hidrológicos y un deterioro progresivo de los servicios ecosistémicos. Entre estos servicios se encuentran la regulación climática del Área Metropolitana de Buenos Aires, la captura de carbono, la mitigación del efecto de isla de calor, la recarga del Acuífero Puelche y la amortiguación frente a eventos climáticos extremos.
La discusión trasciende el impacto inmediato de una bajada de autopista. Para los grupos ambientalistas, la obra tiene el potencial de modificar el funcionamiento de un ecosistema que desempeña un papel estratégico en una región densamente poblada.
El cuestionamiento hacia Kicillof se centra en el papel de AUBASA. Al tratarse de una empresa mayoritariamente estatal, los denunciantes consideran que la administración provincial no puede eludir su responsabilidad sobre la continuidad de los trabajos.
Las organizaciones ambientales califican la situación como una forma de “tolerancia institucional” frente a los riesgos evidenciados y exigen la intervención del Poder Ejecutivo provincial. Solicitan que se detengan las obras y se realice una revisión exhaustiva del proyecto para evaluar alternativas que no afecten el área protegida.
El avance de la obra, mientras la causa judicial permanece abierta, implica además un costo político para la Provincia, que puede ser acusada de priorizar el progreso de un proyecto vial a costa de las preocupaciones ambientales y los reclamos judiciales.
Asimismo, las organizaciones advierten que una posible demora en la adopción de medidas cautelares podría hacer irreversibles ciertos impactos cuestionados. En este contexto, la decisión recae nuevamente sobre la administración provincial.
Hasta que se tomen medidas, la bajada de la Autopista en City Bell permanecerá como un nuevo foco de controversia para la gestión bonaerense, no solo por las preocupaciones ambientales señaladas, sino también por la decisión política de avanzar con un proyecto que enfrenta objeciones técnicas, reclamos comunitarios y una investigación judicial.
