La imputación se produjo tras una audiencia de formalización de la investigación penal, en la que la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) le atribuyó la supuesta responsabilidad en el incumplimiento de sus deberes, tres casos de peculado y dos situaciones de falsedad ideológica de documentos públicos relacionados con la adquisición y venta de terrenos para un loteo social, así como el manejo de fondos de origen nacional y retiros de una cuenta municipal que superan los $64 millones.
La pesquisa abarca presuntos delitos cometidos durante su administración en la Municipalidad de San Carlos. Durante la audiencia, Vargas se presentó con un abogado particular y optó por no declarar ni contestar las preguntas de la Fiscalía.
Según información del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la primera denuncia contra Vargas fue interpuesta por un concejal en mayo de 2023, quien alegó que en julio de 2021, el ex intendente adquirió a nombre de la municipalidad un terreno de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados por $15 millones sin la autorización del Concejo Deliberante.
Desde entonces, los concejales habían solicitado reiteradamente la presentación de la documentación pertinente a la transacción, la cual finalmente llegó en abril de 2023.
La investigación reveló que, a raíz de la venta de los lotes, el municipio recibió un monto de $16.883.100, de los cuales se destinaron $15 millones a la compra del terreno, pero se desconoce el paradero de los $1.883.100 restantes. Además, se determinó que la compra no cumplió con el régimen de contrataciones ni se registraron todas las etapas presupuestarias.
Respecto a la posterior venta de los lotes, se concluyó que no contaban con la autorización del Concejo Deliberante y la Municipalidad no proporcionó la documentación de los compradores, ni un acta que estableciera los requisitos para la selección y adjudicación de los lotes.
Por estos motivos, la Fiscalía imputó a Vargas por falsedad ideológica en dos ocasiones, ya que en las resoluciones municipales se consignaron datos sobre el loteo que no pudieron ser verificados. Una inspección ocular determinó que el terreno estaba vacío y sin servicios básicos como agua, luz y cloacas.
Además, el 5 de diciembre de 2023, se presentó otra denuncia que cuestionaba el destino de $9.482.369,75 que la municipalidad había recibido como aportes no reintegrables del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), destinados a 20 familias del paraje San Rafael. El análisis pericial indicó que no se pudo seguir el rastro de este dinero, ya que no existían órdenes de pago ni comprobantes suficientes, y el organismo nacional confirmó que no había registros de rendición de cuentas.
Finalmente, el 25 de marzo de 2024, la nueva intendenta, María del Carmen Vargas, denunció que al asumir en diciembre de 2023 no halló en las cuentas bancarias ni en la Tesorería los fondos del loteo, y que el terreno carecía de infraestructura y servicios básicos. También proporcionó documentación referida al cuestionado proyecto productivo.
Adicionalmente, el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevó a cabo un análisis de la documentación bancaria que reveló que el ex intendente emitió cheques de pago diferido y retiró un total de $64.449.000 de una cuenta corriente municipal en diversas sucursales del Banco Macro. Aunque los cheques estaban destinados a la propia Municipalidad de San Carlos, desde la comuna se informó que no existen documentos que respalden el destino de esos retiros.
