Ambos magistrados están postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires y se espera que cuenten con el respaldo del oficialismo y sus aliados para ser ratificados en una próxima sesión, que podría realizarse el 20 o 27 de agosto, coincidiendo con la discusión de la ley hojarasca y el Súper RIGI.
Según se anticipó, los candidatos no enfrentarían dificultades para obtener el dictamen favorable de la comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, donde el oficialismo y sus aliados tienen representación mayoritaria. Ya contaban con las nueve firmas necesarias para el dictamen.
Incluso, el kirchnerismo, que anteriormente había cuestionado la nominación de Bertuzzi durante la administración de Mauricio Macri, optó por no participar en la audiencia. De hecho, el bloque liderado por José Mayans suele ausentarse de las reuniones de la comisión en desacuerdo con la distribución de los lugares acordados entre Patricia Bullrich y los bloques aliados.
La nominación de ambos jueces generó expectativas, dado que están designados para un tribunal que se ocupa de casos de corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado. Su decisión podría afectar investigaciones relacionadas con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, así como con irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en el caso de presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Durante la audiencia pública, Bertuzzi recordó que ha estado desempeñando funciones en la Sala I de la Cámara Federal desde 2018, aunque omitió mencionar que su acceso a dicho cargo se debió a un traslado ordenado por Macri. En 2020, la Corte Suprema declaró inconstitucional su traslado, pero decidió mantenerlo provisionalmente en su puesto hasta que se realice un nuevo concurso público para cubrirlo de manera definitiva.
Es por ello que Bertuzzi se presentó al concurso para ser confirmado como camarista, mientras que Leopoldo Bruglia, quien también había sido designado por Macri, optó por no participar y decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo una medida cautelar que suspenda el concurso. Esta situación generó la vacante para Yadarola, amigo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Bullrich expresó su apoyo a Bertuzzi por haber acatado la resolución de la Corte y subrayó que su designación fue “un caso muy discutido”. “Tomar la decisión de presentarse al concurso y llegar a esta instancia demuestra un apego significativo a las resoluciones de la Corte, lo que es crucial para la constitucionalidad”, enfatizó.
Al defender su nominación, Bertuzzi destacó su trayecto de 37 años en el Poder Judicial, de los cuales18 años fueron en la justicia federal y ocho en la Sala I. “Esto me ha permitido participar de manera directa en la discusión, sustanciación y resolución de diversas causas de delitos complejos, delincuencia organizada, delitos económicos y derechos humanos”, indicó.
Durante las consultas de los senadores, tanto Bertuzzi como Yadarola no enfrentaron contratiempos, ya que sólo fueron interrogados sobre modificaciones en el Poder Judicial, como la implementación del sistema acusatorio.
Sin embargo, ambos magistrados recibieron dos observaciones del juez Federal Germán Castelli, quien también había sido trasladado por decreto de Macri y, al igual que Bruglia, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la decisión de la Corte.
El senador radical Maximiliano Abad se refirió a las impugnaciones contra las candidaturas y destacó que “el rol del Senado es analizar los antecedentes y evaluar la idoneidad de los postulantes, pero no transformarse en una nueva instancia judicial o de disciplina sobre temas ya tratados por los organismos competentes”.
En sus fundamentos, Castelli cuestionó a ambos candidatos en base a “la protección de la independencia judicial y la garantía ante instancias internacionales”. Ambos magistrados respondieron a las observaciones, coincidiendo en que Castelli “no cuestiona sus capacidades y méritos personales”. “No existen objeciones a los antecedentes, trayectoria o aptitud para el cargo”, subrayaron, solicitando que se desestime la observación por no ajustarse al proceso de selección de jueces.
En el caso de Bertuzzi, los cuestionamientos referían a los traslados, y desde la comisión argumentaron que no fueron decisiones personales del magistrado, sino que siguieron los mecanismos institucionales con la intervención del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo.
Por su parte, a Pablo Yadarola se le cuestionó por información que lo vinculaba al denominado caso “Lago Escondido”. Sin embargo, esos hechos ya habían sido analizados y desestimados por la Justicia y el Consejo de la Magistratura, que archivaron las denuncias.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se aprobaron 170 pliegos en el Senado, y con los 13 que serán evaluados en otra audiencia pública este jueves, se superará la cifra de 60 pliegos listos para ser aprobados en la próxima sesión de la Cámara alta.
