El Gobierno de La Rioja, liderado por Ricardo Quintela, ha decidido presentarse ante la Justicia Federal para constituirse como querellante en el caso que investiga el posible desvío de recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) hacia colocaciones financieras, en lugar de ser destinados a obras y al mantenimiento de la red vial nacional.
La denuncia incluye al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y a autoridades del Banco Nación, señalando posibles delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la documentación presentada, al 31 de mayo de 2026, los fondos del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras del Tesoro ascendían a $1.001.017.908.957.
De los aproximadamente $1,5 billones asignados al fondo en los primeros dos años y medio de gestión, solo cerca de $394.406 millones se destinaron efectivamente a proyectos de infraestructura vial, lo que representa una subejecución del 73,8%.
La causa surge en medio de una polémica que ha sido alimentada por el propio oficialismo en semanas recientes. El vocero presidencial Adrián Ravier, en una entrevista, reconoció que parte de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, destinados al SISVIAL, no llegan a Vialidad Nacional, sino que son utilizados por el Ministerio de Economía para mantener el equilibrio fiscal.
“Sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, expresó el funcionario, quien también admitió no poder especificar qué proporción de lo recaudado efectivamente se utiliza en el mantenimiento de rutas.
Ravier intentó suavizar el impacto de sus declaraciones utilizando como referencia su propio recorrido por la Ruta Nacional 5, que, según afirmó, estaría “peor” sin las labores de mantenimiento de los últimos dos años y medio. Además, negó que exista malversación de fondos, argumentando que los mismos “están invertidos” y no se han perdido.
No obstante, sus comentarios generaron inquietudes sobre la utilización del fideicomiso vial para fines distintos a su propósito original.
Para La Rioja, el contexto nacional se traduce en situaciones concretas en su territorio. La presentación judicial sostiene que el Gobierno Nacional ha dejado de renovar el convenio de Transferencia de Funciones Operativas para el mantenimiento de tramos de la Ruta Nacional 76, un corredor esencial hacia el Paso de Pircas Negras. Pese a esto, la provincia ha continuado realizando esos trabajos con recursos propios, lo que representa una inversión cercana a los $900 millones.
Por otro lado, también se encuentra paralizada la obra de pavimentación de esa misma ruta en la Quebrada de Santo Domingo, crucial para la conexión con Chile, junto con el deterioro reportado en las rutas nacionales 78, 79 y 141, que presentan baches y fallas que afectan la seguridad vial.
La presentación judicial también solicita medidas urgentes para preservar documentos, correos, registros contables y bancarios relacionados con la administración del SISVIAL desde enero de 2024, además de información al Ministerio de Economía, al Banco Nación y a Vialidad Nacional para reconstruir la cadena de decisiones y esclarecer responsabilidades.
