El impacto económico y las dificultades para avanzar con dicha normativa fueron temas centrales del AmCham Agribusiness Forum 2026, que se llevó a cabo en Puerto Madero.
Funcionarios y expertos coincidieron en que la modernización de las normativas es esencial para atraer tecnología, mejorar rendimientos y, fundamentalmente, cumplir con los compromisos establecidos con Estados Unidos.
Esta discusión se produce en un contexto donde Argentina intenta adaptar su legislación a las exigencias del ARTI, que abarcan temas como la propiedad intelectual, la protección de datos, las patentes y el trabajo forzoso, entre otros.
Alejandro Díaz, director ejecutivo de AmCham Argentina, señaló que el debate sobre la ley de semillas es parte de un reto más amplio: “Transformar esa estabilidad que estamos consiguiendo en la macroeconomía en un proceso de crecimiento, donde claramente la inversión es el motor del desarrollo”, afirmó.
Además, enfatizó que Argentina posee los recursos demandados por el mundo: alimentos, energía, minerales y talento, aunque advirtió que para capitalizar estas oportunidades es imperativo mejorar la competitividad del país.
“Puedo ingresar a un mercado, pero debo ser competitivo”, sostuvo, destacando que los costos laborales, logísticos e impositivos, así como el acceso a nuevas tecnologías, son factores cruciales a revisar.
Asimismo, vinculó la inversión con la propiedad intelectual al afirmar que “es la confianza que tiene una compañía de llegar a un país con las máximas tecnologías que mejoren sustancialmente esa productividad”.
William Verzani, representante de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, remarcó que, en el sector agropecuario, la previsibilidad es especialmente importante dado que las inversiones son a largo plazo.
Destacó que el acceso a mercados no depende solo de los aranceles, sino también “de reglas claras, aprobaciones a tiempo y de que las empresas puedan planificar con confianza”.
Verzani mencionó que Argentina exporta más de u$s 1000 millones en productos agrícolas a Estados Unidos, mientras que las importaciones desde ese país alcanzaron apenas u$s 166 millones en el último año. “Vemos un enorme potencial para ampliar ese comercio”, aseguró.
Alejandro Cacace, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, indicó que la ausencia de un marco de propiedad intelectual actualizado limita el desarrollo de nuevas variedades. Se estima que la pérdida asciende a u$s 3000 millones anuales solo en la soja, y cerrar esta brecha productiva podría sumar hasta u$s 6000 millones en exportaciones.
Cacace explicó que, hasta hace dos décadas, Argentina contaba con cuatro o cinco programas de mejora genética de soja que funcionaban junto a Brasil. Sin embargo, mientras Brasil ha multiplicado sus desarrollos gracias al reconocimiento de la propiedad intelectual, Argentina ha quedado rezagada.
“Hoy Brasil ha multiplicado por diez los estudios sobre soja. Reconocen la propiedad intelectual, mientras que Argentina sigue viéndola con menos aprecio que hace 20 años”, indicó.
La diferencia con el maíz es significativa: al ser un cultivo híbrido, el productor debe adquirir nuevas semillas cada temporada y puede recuperar la inversión en genética. En el caso de la soja, los productores pueden reservar parte de la cosecha para volver a usarla.
“Proteger la innovación en el agro es lo más crucial que podemos hacer para liberar la productividad del sector e incrementar nuestras exportaciones”, enfatizó Cacace.
El funcionario destacó que el Gobierno ha derogado resoluciones que restringían la patentabilidad en biotecnología y ha alineado la normativa con los estándares del acuerdo TRIPS. También mencionó el tratamiento legislativo del PCT y la presentación de cinco tratados sobre propiedad intelectual ante el Congreso.
No obstante, reconoció que “la gran batalla es esta”. El debate enfrenta a las empresas semilleras, que exigen recuperar sus inversiones, con los productores, que se resisten a pagar más por las semillas en un contexto de alta carga tributaria.
Pamela Echeverría, de la USPTO, aclaró que los acuerdos UPOV 78 y 91 no deben ser confundidos con las patentes de invención. “A menudo hay confusión al creer que estamos hablando de patentes de invención o de pagos por el uso de invenciones patentadas”, explicó.
Echeverría destacó que la principal diferencia entre ambos sistemas radica en la previsibilidad jurídica, y avanzar al Acta 91 permitiría contar con un “sistema actualizado” y normas más claras para la inversión en genética.
Martín Famulari, del INASE, argumentó que el principal obstáculo para avanzar con una nueva ley sigue siendo el uso propio. La normativa actual, sancionada en 1973, permite conservar una variedad durante varias campañas si se demuestra su origen legal.
“Un productor puede sembrar la misma variedad durante mucho tiempo e incrementar su superficie solo mostrando el origen legal de esa semilla”, explicó.
El Gobierno ha convocado a semilleros, productores y entidades técnicas para alcanzar un consenso antes de enviar el proyecto al Congreso. Famulari indicó que ya ha habido entre siete y ocho reuniones y se han acordado varios puntos, aunque el uso propio continúa siendo el asunto más complejo.
La propuesta incluye que el uso de la semilla de soja sea oneroso, que el cobro pueda realizarse cuando el grano llegue a un acopio o puerto, así como el reconocimiento de derechos sobre las variedades esencialmente derivadas.
Famulari destacó un cambio en la postura de los productores: “Por primera vez, durante una reunión, el sector productor dijo: ‘Entendemos que hay que pagar la propiedad intelectual y hay que respetarla’”.
Cacace coincidió en que buscar un consenso puede prevenir un conflicto entre sectores. “Actores que antes no se sentaban en la misma mesa ahora comprenden que Brasil produce un 30% más de soja por hectárea y que tiene rendimientos de algodón dos veces y media mayores que los de Argentina”, concluyó.
