La propuesta gubernamental pretende facilitar que una parte de los ahorros no declarados se sume a la economía formal, lo cual podría impactar en la compra de bienes, las transacciones inmobiliarias, la bancarización y el acceso a financiamiento. De acuerdo con estimaciones del Banco Central, se calcula que los argentinos mantienen USD 170.000 millones fuera del sistema financiero.
Hace unas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló esta meta durante una charla en la Universidad Torcuato di Tella (UTDT), invitando a los estudiantes a convencer a sus padres de que trasladen sus dólares al sistema financiero. “Hay gente con dólares guardados que no se atreve a llevarlos al banco por miedo, aun después de 25 años”, indicó el ministro, sugiriendo que no se ofendan si sus familias rechazan la propuesta y que continúen intentándolo.
La estrategia oficial se centra en la incorporación de fondos informales al sistema financiero, con el fin de que estos recursos ayuden a expandir las fuentes de financiamiento para grandes empresas, jóvenes y pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que se reduce la dependencia de Argentina respecto a Wall Street.
La aprobación de Inocencia Fiscal II complementa esta visión al introduir reformas en el sistema tributario que benefician a aquellos con fondos no declarados que desean usarlos. Se busca otorgar previsibilidad a los contribuyentes, especialmente a aquellos que temen inspecciones o reclamos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los expertos consultados coinciden en que la nueva ley podría facilitar una mayor circulación de dólares no declarados, aunque advierten que no anticipan una salida inmediata ni masiva de estos fondos. La velocidad de su incorporación dependerá de factores más allá de la norma, como la confianza en la estabilidad de las regulaciones, las expectativas económicas y la evolución del dólar. Dentro de este contexto, la bancarización podría producirse de forma gradual y coexistir con el uso de recursos para compras específicas, como un automóvil o un inmueble.
Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, afirmó que la aprobación de la ley podría incentivar la incorporación de parte de los dólares en el circuito formal, aunque no se atrevió a estimar cifras exactas. “No todo ese dinero necesariamente ingresará al sistema bancario ni lo hará de forma instantánea”, aclaró. Para la experta, esta reforma podría ofrecer mayor previsibilidad a quienes poseen ahorros no declarados y están considerando su uso, ya que podría disminuir los temores que los llevaron a guardar su dinero fuera del sistema. Sin embargo, enfatizó que los factores tributarios no son los únicos que inciden en la decisión de hacer visibles o movilizar los dólares.
“La elección de poner esos fondos al descubierto no se basa únicamente en las condiciones fiscales. La confianza en la estabilidad de las reglas, las proyecciones económicas y, especialmente, la percepción de que las garantías del régimen permanecerán a largo plazo, son esenciales”, destacó. Esta evaluación está alineada con el objetivo del gobierno de convertir parte de los dólares atesorados en recursos disponibles para consumo, financiación o inversión. Los tenedores de estos ahorros deben sentir que el marco legal será sostenido el tiempo necesario para llevar a cabo cualquier operación.
Uno de los aspectos principales de la nueva ley se refiere al acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RGS). La legislación anterior excluía a quienes habían tenido ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio por encima de $10.000 millones en los últimos tres años. La iniciativa recientemente aprobada modifica estos criterios, permitiendo la inclusión de contribuyentes que antes quedaban fuera de este régimen. También se establece un mecanismo que permite regularizar situaciones específicas sin perder los beneficios, un punto que los especialistas relacionan con el deseo de incrementar la seguridad jurídica.
Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, view a reforma como una oportunidad para aquellos que antes no podían formar parte del régimen. “Principalmente, esta reforma aporta tranquilidad debido a algunas correcciones e habilita a grandes contribuyentes no nacionales a ingresar al régimen, finalmente”, comentó. El tributarista también consideró que estas modificaciones legales facilitan el uso de dólares en situaciones puntuales, especialmente para aquellos que buscan realizar una compra y están considerando utilizar recursos fuera del sistema.
Ghirardotti ubicó esta opción en un año preelectoral, señalando que este contexto podría limitar las decisiones de los contribuyentes. “No sé cuántos dólares del colchón se movilizarán en un año como este, pero las condiciones están dadas para que aquellos que necesiten comprar puedan hacerlo”, expresó.
Asimismo, la nueva legislación redefine cuándo una discrepancia entre la declaración de un contribuyente y los datos fiscales constituye una diferencia relevante. Si la discrepancia es del 15% o más, pero no supera los $5 millones, ya no se considera significativa. Este nuevo criterio introduce un umbral monetario además del porcentaje.
El límite anterior se basaba únicamente en el 15%, lo que exponía a controles a contribuyentes con diferencias porcentuales que implicaban montos bajos. Con la modificación aprobada, la discrepancia debe sobrepasar los $5 millones para ser considerada significativa, incluso si el desvío respecto a la información presentada es del 15% o más.
Cuando el fisco identifica una discrepancia mayor a $5 millones, el contribuyente cuenta con una opción para regularizar su situación, ya que la norma establece un plazo de 15 días desde la notificación de la determinación para aceptar la liquidación y abonar el impuesto junto con sus accesorios. Este mecanismo organiza los casos en los cuales se detecten discrepancias encima del nuevo umbral y forma parte de las reformas que amplían las posibilidades de adhesión y continuidad dentro del régimen. La efectividad de esta instancia dependerá de las decisiones administrativas que tome ARCA.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, subrayó la importancia de la posibilidad de regularizar discrepancias sin perder los beneficios del esquema. “Presenta reformas que mejoran el régimen, ofreciendo más seguridad jurídica, así como la opción de regularización sin perder beneficios. Es superior a Inocencia Fiscal I”, señaló. El especialista opinó que el texto crea un entorno tributario más favorable para quienes buscan utilizar dinero no declarado, aunque diferenciando esto de la magnitud de la salida de fondos que propone el Gobierno.
En este sentido, el contador Marcos Felice observó que, además de la regulación de fondo de Inocencia Fiscal II, será vital monitorear lo que suceda con el vencimiento de la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias 2025. “Sería razonable esperar una resolución rápida de ARCA sobre una nueva prórroga”, comentó. La Resolución General 5820 aún regula los parámetros de ingresos, patrimonio y la condición de no ser un gran contribuyente según lo estipulado por la Ley 27.799. Según Felice, ARCA deberá ajustar los requisitos de adherencia y permanencia a la nueva normativa, además de definir cómo aplicará la presunción de exactitud, el efecto liberatorio, el tratamiento de las declaraciones rectificativas y los casos en los que podría abrirse una fiscalización.
La ley establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal, coincidiendo con el fin del actual mandato presidencial y marcando el plazo para aquellos que consideran adherirse al RSG o hacer uso de las herramientas que ofrece la reforma. Domínguez mencionó que este plazo podría influir en el comportamiento de los contribuyentes. “Si la situación va mejorando y el Gobierno se orienta hacia una reelección, con esta reforma la no utilización de las presunciones se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que podría aumentar su uso”, concluyó.
