En el transporte, la fórmula de actualización hace que el usuario quede siempre rezagado. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los colectivos y subtes aumentarán 3,9 por ciento, ya que el esquema agrega dos puntos porcentuales a la inflación del mes anterior.
En la Ciudad, el boleto mínimo costará 956,69 pesos y el subte, 1.887 pesos para los primeros veinte viajes con la tarjeta SUBE registrada. Para quienes viajan desde la provincia de Buenos Aires, el impacto será mayor: las líneas provinciales, numeradas desde la 200, subirán casi 4 por ciento. El boleto mínimo pasará a 1.263,69 pesos y el tramo de 12 a 27 kilómetros costará 1.895,54 pesos.
Los peajes porteños también tendrán un alza de 3,9 por ciento. Los trenes mantendrán sus tarifas en noviembre, luego de que en septiembre aumentaran 14,29 por ciento, hasta los 480 pesos.
En salud y educación, los incrementos siguen una tendencia similar. Las prepagas aplicarán subas de hasta 2,88 por ciento en Sancor Salud, 2,75 por ciento en Omint y 2,3 por ciento en Swiss Medical y el Hospital Italiano. OSDE ajustará sus cuotas entre 1,7 y 2,2 por ciento. Salvo pocas excepciones, los aumentos superan la inflación. En IOMA, la cuota de los afiliados voluntarios pasará de 108.504 a 113.900 pesos, casi 5 por ciento más.
Los colegios privados subvencionados de la provincia de Buenos Aires aumentarán 3 por ciento en noviembre y otro 3 por ciento en diciembre. Para las secundarias que reciben un aporte estatal del 40 por ciento, las cuotas podrán llegar a 230.450 pesos mensuales. AIEPA, la asociación que agrupa a las instituciones, señaló que continúa el desfasaje frente a los costos, por lo que la presión sobre los aranceles no se agotará con estos incrementos.
Los inquilinos enfrentan una situación de mayor desprotección. El 17 de octubre vencieron los últimos contratos firmados bajo la ley original de alquileres. Desde entonces, los ajustes dependen de lo acordado entre las partes, lo que en la práctica queda sujeto al poder de negociación de cada una.
En noviembre, los contratos que se actualizan según la inflación subirán 5,81 por ciento si el ajuste es trimestral, 7,82 por ciento si es cuatrimestral y 12,95 por ciento si es semestral. Los pocos contratos que aún utilizan el Índice de Costos de Locación tendrán un aumento de 1,83 por ciento.
La electricidad y el gas completan el panorama, aunque todavía no se publicaron los nuevos cuadros tarifarios. En octubre, la luz aumentó 2,41 por ciento para los usuarios de Edenor y 2,34 por ciento para los de Edesur, en ambos casos por encima de la inflación minorista.
En la provincia de Buenos Aires también se reglamentó el fin del régimen de Zona Fría, que tendrá impacto en las facturas de gas de 94 municipios. En telefonía, un sector desregulado, Movistar confirmó una suba de 2,6 por ciento y se prevén ajustes similares en las demás compañías.
El agua requiere una consideración aparte, porque los aumentos podrían ser mayores. AySA ya venía aplicando incrementos: entre mayo y agosto rigió un límite mensual de 3 por ciento. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, de la UBA y el Conicet, la tarifa promedio acumuló una suba de 418 por ciento entre diciembre de 2023 y abril de 2026.
En noviembre, el ajuste mensual del “coeficiente K”, que ya no tendrá ese tope, rondaría entre 1,5 y 2 por ciento. Sin embargo, la principal novedad es otra. A pocos días de la firma del contrato de venta, prevista para el 13 de noviembre, la empresa propuso ante el ERAS modificar los coeficientes zonales. El plan implica un aumento promedio de 22,6 por ciento para el 60 por ciento de los hogares del AMBA: las facturas mensuales, sin impuestos, pasarían de 29.116 a 35.710 pesos. También plantea retirar gradualmente el descuento del 15 por ciento para unos 500.000 usuarios y contempla subas acumuladas de hasta 149 por ciento en los casos extremos. La audiencia no es vinculante y el gobierno de Axel Kicillof cuestionó la propuesta.
Este panorama coincide, en buena medida, con las advertencias de quienes se oponen a la privatización. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, sostuvo que, para recuperar la inversión, la tarifa “inevitablemente tiene que aumentar” y que millones de bonaerenses quedarían sin agua ni cloacas, mientras quienes ya cuentan con el servicio pagarían mucho más.
La “Campaña contra la privatización de AySA” afirma que las tarifas ya aumentaron cerca de 300 por ciento durante este Gobierno y alerta sobre un deterioro en la calidad del servicio.
Sobre las subas generalizadas de los servicios, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que las cláusulas de actualización, muchas de las cuales suman un porcentaje adicional a la inflación, presionan sobre los costos.
Boada explicó que el Gobierno observa la inflación mes a mes y que, tomadas por separado, las cifras parecen relativamente bajas. Pero, advirtió, falta considerar el contexto: los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia e independientes, de los jubilados y de otros sectores permanecen prácticamente estancados y pierden poder adquisitivo todos los meses.
“Aunque el presidente intente desprestigiar la frase, lo cierto es que a los argentinos les cuesta o apenas llegan al 20 de cada mes”, sostuvo Boada.
