Recientemente, se dieron a conocer modificaciones sugeridas por contadores a Luis Caputo a partir del anteproyecto de ley. Los cambios más significativos incluyen la eliminación de parámetros sobre ingresos y patrimonio, una mayor flexibilidad en la definición de discrepancias significativas y la impugnación de la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias.
No obstante, la reciente adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha complicado los planes del Ministerio en el ámbito legislativo. “Es necesario enviar dos proyectos por separado: uno para el blanqueo ‘permanente’ y otro para la Declaración Jurada Simplificada. En el caso del blanqueo, se debe especificar que las Personas Políticamente Expuestas (PEP) no pueden acceder a ese régimen. En la declaración simplificada no es necesario”, indicó un contador, crítico hacia quienes creen que la Ley 27.799 representa un blanqueo de capitales, ya que no se trata de una amnistía.
A finales de mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo para presentar la declaración jurada hasta el 27 de julio, permitiendo al Gobierno ganar tiempo para definir las modificaciones y alentar a los contribuyentes a depositar los “dólares del colchón” en el sistema financiero formal, logrando así un mayor número de adhesiones.
A pesar de que el Ejecutivo aún no ha presentado el proyecto definitivo ante el Congreso, la inscripción de Adorni ha generado críticas por parte de la oposición, que incluso ha llevado a la formulación de un proyecto para excluir a funcionarios públicos del régimen.
El diputado nacional Esteban Paulón ha presentado una iniciativa en la Cámara baja para modificar el artículo 38 de la Ley de Inocencia Fiscal, buscando excluir a figuras como el Presidente, gobernadores, legisladores, intendentes y ministros, así como a sus “cónyuges y convivientes”, que también incluyen a rectores universitarios y magistrados.
Con la actual normativa, la adhesión de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, es considerada procedente. La Ley 27.799 no prohíbe a las PEP ni a sus familiares directos inscribirse en el esquema simplificado, cuyas limitaciones actuales se refieren a ingresos de hasta $1.000 millones anuales y a un patrimonio de hasta $10.000 millones anuales.
El principal beneficio que ofrece el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias es el denominado “tapón fiscal”, mediante el cual se presume la exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo esta modalidad, lo que actúa como un blindaje jurídico sobre los períodos ya declarados. Esto significa que se cubren los tres años fiscales anteriores al período base, otorgando un efecto liberatorio del pago.
La controversia que genera la adhesión de Adorni, sumada a la de otros funcionarios como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, plantea interrogantes sobre la voluntad de los inscriptos de revelar sus ahorros no declarados.
Asimismo, el tratamiento legislativo del nuevo proyecto de “inocencia fiscal” se plantea como un desafío. Ante una consulta sobre el posible impacto de la adhesión de los funcionarios en los planes de modificación de la ley, hasta el momento de esta publicación no hubo respuesta por parte de la cartera de Economía.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, manifestó que la normativa parece estar diseñada para beneficiar a personas con poder. “Contamos con leyes dirigidas a casos concretos que ya han favorecido a personajes como Lázaro Báez y ahora podría estar beneficiando a la esposa de Adorni”, expresó en una reciente entrevista radial, en consonancia con los comentarios de Paulón.
El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, también criticó la decisión de Adorni, afirmando: “La honestidad no se pregona, se demuestra: si no tienes nada que ocultar, presenta la declaración jurada; si no tienes nada que esconder, no te involucres en la Ley de Inocencia Fiscal. Debe cumplir con lo que prometieron: terminar con la casta y los privilegios, y contar con un jefe de Gabinete que no pueda mostrar su declaración jurada”.
Entre los contadores existe un consenso: los acontecimientos actuales ponen de manifiesto las debilidades del régimen. “Al final, parece que solo sirve para blanquear dinero. Y no es así”, comentó un especialista, lamentando que “una buena simplificación” se vea envuelta en la agenda política.
El objetivo subyacente de la ley no está en tela de juicio, pero la adhesión de funcionarios y sus familiares directos, así como la implementación del régimen, no han cumplido con las expectativas iniciales.
El ministro de Economía incluso pasó de aconsejar a los contribuyentes que “no escuchen a los contadores” a considerar las sugerencias de estos profesionales para llevar a cabo el plan destinado a captar los “dólares del colchón”.
La gran incógnita sigue siendo si los legisladores aprobarán la versión “2.0” de la Ley de Inocencia Fiscal. En este momento, esta cuestión preocupa tanto a los especialistas que deben orientar a sus clientes como a aquellos contribuyentes que desean exteriorizar sus ahorros no declarados.
Aunque se habla frecuentemente de los “dólares del colchón”, el verdadero beneficio de la ley radica en la presunción de exactitud, conocida como el “tapón fiscal”.
Si un contribuyente decide adherir, al presentar la Declaración Jurada Simplificada y abonar el impuesto correspondiente dentro del plazo establecido, accede al efecto liberatorio del pago sobre el período fiscal base y a la presunción de exactitud.
Este concepto es fundamental, ya que brinda un blindaje jurídico sobre los períodos que han sido declarados; un “tapón hacia atrás” que abarca los tres años fiscales previos. Por ejemplo, al presentar la declaración jurada en 2025, se cubrirían los años 2022, 2023 y 2024, salvo que ARCA detecte una discrepancia significativa (como un incremento del 15% en lo que corresponde al fisco, una reducción del saldo a favor del contribuyente o una disminución del quebranto).
“Ahora ARCA predetermina el impuesto y proporciona la información disponible en la Declaración Jurada, permitiendo al contribuyente editarla o agregar información en caso de errores. Se enfoca únicamente en los ingresos y gastos deducibles, sin revisar los gastos personales ni los cambios patrimoniales”, afirman desde ARCA.
En conclusión, la cuestión central no radica tanto en el “tapón fiscal”, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los contadores, sino en que un funcionario público tenga acceso a los beneficios del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
