Desde el Ejecutivo, aunque se minimiza la convocatoria, se ha expresado cierta inquietud en la mesa de decisiones ante la posibilidad de una escalada de tensiones en las calles. “Les estamos pagando muy poco a las fuerzas federales. No hay margen para más quilombos”, comentaron desde el Gobierno. Esta alerta también se extiende a las marchas planeadas en respuesta al conflicto universitario y las que promueven organizaciones sociales.
Fuentes oficiales han indicado que el operativo incluirá un cerco alrededor de la Plaza de Mayo para evitar un contacto directo entre las columnas sindicales y las fuerzas de seguridad. Esta estrategia de control fue implementada a mediados de 2025, tras un incidente en el que un fotógrafo, Pablo Grillo, fue agredido por un efectivo. Los enfrentamientos previos durante movilizaciones no contaban con barreras físicas entre los agentes y los asistentes.
Desde el Gobierno se acepta que, dada la magnitud de la movilización, será necesario cortar el tránsito en las inmediaciones. También se prevén controles de acceso a la Ciudad mediante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se desplegará un contingente de aproximadamente 1000 efectivos en cooperación con la administración porteña.
El Ministerio de Seguridad busca que este operativo actúe como una medida de contención y asegura que su prioridad será organizar los accesos, proteger los edificios públicos y evitar altercados que puedan derivar en enfrentamientos. El comando unificado a cargo de la operación incluirá a Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. La instrucción recibida es mantener el protocolo sin aumentar la confrontación con los manifestantes.
Dentro del gabinete hay preocupación por la situación salarial de las fuerzas federales, especialmente ante los anuncios de futuras movilizaciones.
Esta marcha se realiza en el contexto de una disputa legal relacionada con la implementación de la reforma laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró este martes que la demanda presentada por la CGT contra el Estado Nacional debe ser tramitada en esa jurisdicción, no en la Justicia del Trabajo, lo que representa otro fallo favorable para el Gobierno en esta controversia.
La central obrera ha criticado la reforma y advierte que la tensión podría intensificarse. Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, confirmó la movilización del 30 de abril, expresó su descontento con el fallo que ratificó la vigencia de la reforma laboral y sostuvo que “el clima social va a cambiar” porque “la gente está muy enojada”. Aunque en la central no se ha establecido un paro general en este momento, no se descartan medidas si el conflicto se agudiza.
