En una conversación entre Diego Padilla y Fernando Paredes, dos miembros de ALS, se pone de manifiesto la relación con ARSAT: ‘Cerrado tema depósito. Avancemos a full. Tendríamos que hacer un contrato entre ALS y ARSAT, ¿no? Se lo tendrías que pedir’.
Sin embargo, otro mensaje es aún más revelador. Allí se sugiere cómo los responsables de la empresa incluían en los contratos servicios que no se prestaban, con la única intención de incrementar el cobro a ARSAT: ‘Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas, y que vean más cosas’.
Adicionalmente, Sofía Varela Vizgarra, una directiva de ALS, envió a Diego Maximiliano Enrique Padilla dos recibos electrónicos de pasajes aéreos, uno a nombre del propio Padilla y otro del funcionario Pablo Gastón Pagani, lo que sugiere que gestionó o pagó los boletos utilizando fondos de la empresa.
La Fiscalía ha sido clara en su interpretación de los hechos: ‘No se habla aquí de ajustar el contrato a una prestación real, sino de agregar ítems inventados, como los viajes de vuelta sin carga o el uso de grúas, con el único fin de elevar artificialmente el monto a facturar. Y va más allá: Pando insta a ‘apretarlo a Gerardo’, en referencia a Gerardo Boschin, funcionario de ARSAT, para que efectivamente incluya esos ítems inflados en el contrato definitivo’.
La investigación se centra en tres hechos clave: primero, los funcionarios diseñaron el proceso de contratación para beneficiar a ALS; segundo, no existía una necesidad real de contratar a dicha empresa, se pagó de más y el contrato fue direccionado; y tercero, los funcionarios recibieron sobornos a cambio del contrato, en efectivo y a través de otros beneficios como pasajes.
El punto de partida de esta historia fue un robo. ARSAT alquilaba un espacio en San Fernando, provincia de Buenos Aires, para almacenar equipos tecnológicos, siendo ALS la empresa que ofreció dicho espacio. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, el predio fue objeto de un robo que resultó en la pérdida de tecnología de alto valor, incluidos equipos para la red de fibra óptica y cobre, totalizando unas pérdidas de 150,000 dólares.
Al investigar el robo, la Justicia descubrió que ALS había prestado, en realidad, pocos servicios de seguridad: el cerco perimetral no estaba conectado, las cámaras de seguridad no funcionaban y no había control sobre todos los accesos del predio. La única medida de seguridad proporcionada fue un vigilador y un perímetro alambrado.
La trama de corrupción se habría gestado en junio de 2021, cuando Juan Andrés Navarro firmó un memorándum para ‘cambiar el depósito de bienes de ARSAT’ sin justificación clara, indicando que ALS era la empresa ‘indicada’ y solicitando avanzar con una contratación directa. En septiembre de 2021, ARSAT solicitó cotizaciones, recibiendo tres ofertas el mismo día, a intervalos de tiempo muy cercanos, lo que ha generado suspicacias.
Finalmente, ARSAT optó por ALS, por la cual pagó un total de 1,930,861 dólares y 40,300,000 pesos mediante una contratación directa. Un dato que refuerza la sospecha de la manipulación es que en mayo de 2021, varios meses antes de la convocatoria a cotizar, ALS ya había firmado el contrato de alquiler del predio.
Los exfuncionarios de ARSAT implicados en la investigación provienen de Mendoza: Facundo Leal, expresidente de ARSAT; Gerardo Boschin, exgerente de Compras; Juan Andrés Navarro, exgerente de Administración y Finanzas; y Pablo Pagani, exgerente de Finanzas.
El nombre más destacado es Facundo Leal, quien ocupó la presidencia de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y luego en los primeros tramos del gobierno de Milei. Recientemente fue detenido.
Durante los allanamientos, se encontraron, en total, 2.4 millones de dólares en efectivo, así como diversas monedas de otros países y drogas, incluida ketamina y MDMA, en propiedades asociadas a Leal.
