Según el mensaje emitido desde la Casa Rosada, el personal de Casa Militar, bajo la dirección del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.
La comunicación oficial indica que esta decisión busca “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y su entorno”, en un contexto que el Gobierno describe como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y ante la próxima visita del Papa León XIV a Argentina. Esto último se considera un factor que generará un riesgo adicional para la seguridad presidencial, dado el intenso movimiento de “personal ajeno” previsto para facilitar las obras y servicios necesarios para la visita oficial.
Sin embargo, desde Balcarce 50 se mencionó que hay un hecho puntual que motivó esta medida: “Hubo filtraciones que afectan la seguridad presidencial”, aseguraron. Debido a la creciente desconfianza hacia el personal civil, el Ejecutivo decidió prescindir de 12 miembros de dicho grupo y redistribuir al resto en otras dependencias, incluida la Casa Rosada.
Consecuentemente, se dispuso la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que estaba a cargo de la Quinta hasta el momento, separando sus roles de seguridad, administración y control. Las funciones administrativas, de limpieza y cocina continuarán bajo la gestión del personal civil, tal como se confirmó.
El Gobierno sostiene que este cambio a Casa Militar “permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. El traspaso de responsabilidades y bienes se llevará a cabo en un plazo de 60 días.
