Este proyecto es crucial para la reducción del gasto público, pero la dinámica de la negociación política ha puesto de relieve concesiones que pueden obstaculizar el cumplimiento de los objetivos propuestos, especialmente con el avance del año.
El Gobierno considera que la modificación del Régimen de Zonas Frías es vital para su plan de manejo del gasto público, ya que redefine qué regiones del país accederán a subsidios en las tarifas de gas. Según se ha informado, la propuesta busca restringir estos beneficios para disminuir el déficit fiscal. Actualmente, el esquema vigente provoca un déficit de $485.000 millones, y si la reforma prospera, se calcula un ahorro de aproximadamente $272.099 millones para las arcas estatales.
Sin embargo, durante las negociaciones en la Cámara de Diputados, el oficialismo se enfrentó al desafío de sumar apoyo de provincias del norte. Para lograrlo, comprometió —a nivel verbal— subsidiar también la electricidad en esas áreas, bajo el concepto de “Zona Cálida”. Esta promesa se realizó en un marco de urgencia por parte del oficialismo para conseguir la media sanción y así dar respaldo al ajuste fiscal proyectado.
Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que se acordó la creación de un documento titulado “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. Este texto estipula que para las zonas categorizadas como “muy cálidas” (Ia y Ib) el bloque adicional en los meses críticos será de 300 kW/h, y para la “Zona Cálida” (IIb), de 200 kW/h. Las provincias beneficiarias serían Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe.
No obstante, no se incorporaron artículos específicos a la propuesta que detallen esta medida, lo que indica que la implementación de estos subsidios eléctricos quedará sujeta a una resolución del Ministerio de Economía, un aspecto que ha suscitado preocupaciones en diferentes sectores de la oposición. Desde este ámbito se advierte que una medida que dependa de la discrecionalidad del Ejecutivo podría no llegar a concretarse o ser modificada con facilidad.
La promesa del Gobierno conlleva un costo fiscal significativo: el subsidio a la electricidad se estima en un rango de entre USD 71 millones y USD 95 millones anuales. Al tipo de cambio mayorista de $1.489, esto equivale a más de $141.000 millones, lo que representa casi la mitad del ahorro que se buscaba con la reforma del régimen de “Zona Fría”.
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Energía, el gasto relacionado con el nuevo esquema de subsidios eléctricos no se contempla dentro del estimado de ahorro por la reforma de “Zona Fría”. Mientras el potencial de ahorro asciende a $272.099 millones, el costo de los subsidios adicionales podría absorber aproximadamente la mitad de esa cifra.
Un aspecto crítico es el momento de implementación de estos cambios. Cuando el proyecto fue presentado al Congreso, el invierno se encontraba a la vuelta de la esquina. La parálisis legislativa ha demorado el tratamiento de la iniciativa, y si finalmente es aprobada, todavía quedará a la espera de su reglamentación. Con el paso del tiempo, se aproximan los meses en que, si el Gobierno cumple con su compromiso, el gasto público aumentará debido a los nuevos subsidios eléctricos destinados a provincias del norte y centro del país.
A su vez, el oficialismo propuso una modificación al artículo 75 de la Ley 25.565 y al artículo 148 de la Ley 11.672, centrándose en recortar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El texto estableció que este fondo solo se financiará a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la región de la Puna, además de la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.
Asimismo, se determinó que el recargo para sustentar el fondo podría llegar hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicándose a todos los metros cúbicos comercializados por redes a nivel nacional, excepto los exportados o los inyectados mediante GNL importado y regasificado.
El proyecto también redefine los beneficiarios del régimen de Zona Fría, limitando el apoyo a las regiones históricas como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y excluyendo a aquellas provincias que se sumaron tras la ampliación de 2021, tales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
En la ampliación de 2021, el Congreso amplió los criterios basándose en parámetros bioambientales, lo que incrementó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, representando casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. Este aumento significativo de beneficiarios ha tensionado el Fondo Fiduciario, lo que llevó al Gobierno a revisar el esquema de financiamiento con la finalidad de ajustar el gasto público y redefinir quiénes acceden al subsidio por zona fría.
