La propuesta se dirige a sectores como la Inteligencia Artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital, creando un nuevo marco de ‘incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa’ para desarrollar estas industrias en el país.
El proyecto cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y persigue cuatro objetivos clave. Es la nueva estrategia de Milei para posicionar a Argentina como un actor fundamental en el ámbito global dentro de los sectores estratégicos de la economía tecnológica y la inteligencia artificial.
‘La combinación de décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva, restricciones cambiarias y un marco regulatorio que desincentivó sistemáticamente la radicación de grandes inversiones ha generado un rezago estructural en el desarrollo de industrias de frontera, dejando a la Argentina al margen de las cadenas globales de valor en sectores estratégicos’, reza la propuesta de ley.
En este contexto, la continuidad del RIGI original, diseñado para atraer grandes inversiones, especialmente en minería, Oil & Gas y energía, busca ‘remover los obstáculos normativos, regulatorios y económicos’ que según el Gobierno, limitan la inversión privada y el desarrollo de nuevos sectores de alta tecnología.
Con el ‘Súper RIGI’, la administración de Milei anhela establecer a Argentina como ‘un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro’. A continuación, se detallan las 9 claves del proyecto, que será discutido en la Cámara de Diputados.
El proyecto enviado este martes desde la Jefatura de Gabinete al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene como finalidad crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, o ‘Súper RIGI’.
El objetivo es atraer inversiones de gran magnitud dirigidas exclusivamente a actividades económicas que hoy son inexistentes en Argentina o están en una fase experimental, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología y la infraestructura digital.
Cada proyecto deberá comprometer una inversión mínima en activos computables de 1000 millones de dólares, de los cuales al menos el 20% debe ejecutarse en los dos primeros años desde la adhesión. Se excluyen activos financieros, de portafolio y bienes de cambio, y los bienes inmuebles solo podrán contar hasta un máximo del 15% del monto mínimo. Este umbral elevado está diseñado para fomentar proyectos transformadores de gran escala, excluyendo ampliaciones o reconversiones de instalaciones existentes.
Si la ley es aprobada, los proyectos que se acojan al ‘Súper RIGI’ deberán canalizarse a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una entidad creada exclusivamente para el proyecto, que puede adoptar varias formas legales. Esta estructura, según el Gobierno, busca asegurar la transparencia, trazabilidad y separación patrimonial durante el proceso de inversión.
El VPU no podrá realizar otras actividades ni operar proyectos ajenos, pero la normativa sí permite la fusión entre VPUs o la adquisición de proyectos ya adheridos. Entre los incentivos fiscales, se establece que los VPUs tributarán el Impuesto a las Ganancias a una tasa del 15%, notablemente inferior a la tasa corporativa habitual.
Además, las importaciones relacionadas con los proyectos estarán exentas de diversos impuestos, al igual que las exportaciones de los productos generados. Para el IVA, el VPU podrá cancelar el impuesto facturado en inversiones mediante Certificados de Crédito Fiscal que se pueden transferir a proveedores o a ARCA.
En materia de seguridad social, el VPU que se integre al ‘Súper RIGI’ contribuirá con una alícuota única del 10% por concepto de contribuciones patronales para todas las nuevas relaciones laborales iniciadas a partir de la fecha de adhesión, cifra que es considerablemente menor a las cargas generales en Argentina. Sin embargo, la contribución al Fondo de Asistencia Laboral no se incluye en esta alícuota.
El régimen establece además un esquema escalonado de liberación cambiaria sobre los cobros por exportaciones, garantizando estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria por 30 años desde la adhesión, lo que implica que ninguna norma futura podrá aumentar la carga fiscal o restringir los beneficios cambiarios otorgados.
El proyecto también propone brindar al VPU protección contra actos confiscatorios o expropiatorios, así como asegurar el derecho a operar de manera continua, salvo que exista un orden judicial que lo impida, además de garantizar el acceso irrestricto a la justicia.
Para que un proyecto en una provincia obtenga acceso a los incentivos nacionales, la jurisdicción deberá expresar su adhesión al régimen y comprometerse a condiciones específicas, lo que incluye no aplicar Ingresos Brutos superiores al 0,50%, ni impuestos de Sellos, regalías o cánones al VPU, entre otros aspectos relevantes.
