La decisión fue formalizada este jueves a través del decreto 569/2026, que se publicó en el Boletín Oficial de la provincia. Este decreto establece that las transferencias se realizarán mensualmente por un monto de hasta $2.000 millones correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.
La norma especifica que esta ayuda económica es crucial para asegurar el funcionamiento de la empresa estatal que se encarga de proporcionar agua potable y gestionar desagües cloacales en varias localidades de Buenos Aires.
En los fundamentos del decreto, se recordó que ABSA fue constituida mediante el decreto 517/02, posteriormente validado por ley, para llevar a cabo la captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua potable, así como el tratamiento y la disposición de desechos cloacales.
El texto subraya que entre las responsabilidades de ABSA se incluyen el mantenimiento, la construcción, la rehabilitación y la expansión de las infraestructuras necesarias para garantizar el servicio público. Debido a esto, el Gobierno provincial señaló que es fundamental “dotar de los recursos que resulten necesarios” para que la compañía cumpla con sus metas.
Asimismo, la resolución establece que los desembolsos correspondientes a mayo y junio estarán sujetos a revisión previa por parte de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la provincia. Además, el decreto estipula que ABSA deberá llevar a cabo un aumento de capital social de acuerdo con lo establecido en su estatuto y la normativa vigente.
ABSA opera en 95 localidades en la provincia y cuenta con más de 863.000 usuarios, así como con 28 plantas potabilizadoras, 71 plantas depuradoras y 995 perforaciones.
En la elaboración del expediente participaron la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Subsecretaría de Hacienda, además de las áreas jurídicas de la Secretaría General. También intervinieron la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.
El decreto fue firmado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ministro de Economía, Pablo López; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el gobernador Kicillof.
