La decisión fue formalizada en la Resolución 46/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el contexto del acuerdo que permitió resolver el conflicto que había interrumpido la actividad fluvial y marítima en días recientes.
La resolución establece la ejecución del recorte tarifario pactado, aplicándose la rebaja sobre los valores establecidos por el Régimen de Tarifas Máximas vigente desde 2018.
La reducción entrará en vigor de forma inmediata y será de carácter temporal, funcionando mientras perdure la suspensión del decreto que el Gobierno había intentado implementar para modificar el sistema de practicaje.
En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo señaló: “Como consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto N° 690/26, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que concluyeron en una situación excepcional que pone en crisis el normal funcionamiento del sistema de prestación del servicio de practicaje y pilotaje”.
Las medidas que fueron consensuadas entre el Gobierno y el sector incluyen un desencadenamiento en la situación conflictiva que comenzó el sábado 1° de agosto, tras la publicación del decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esta norma introdujo cambios significativos en el régimen de practicaje y pilotaje en vigor desde 1991, lo que motivó la resistencia de los sindicatos del sector y la adopción de medidas de fuerza que impactaron en la actividad portuaria.
Entre las principales alteraciones, el decreto estableció un registro abierto de profesionales bajo la supervisión de la Prefectura Naval Argentina (PNA), permitió a los usuarios seleccionar libremente a los prestadores de servicios y eliminó limitaciones para el ingreso de nuevos operadores. Además, otorgó a la ANPyN la facultad de fijar tarifas máximas y estableció la obligación de publicar precios para mejorar la competencia.
Según información del Ministerio de Desregulación, las tarifas del practicaje en Argentina se sitúan entre las más altas a nivel global. Por ejemplo, la tarifa para un buque Panamax en el Río de la Plata y el Puerto de Buenos Aires es de USD 16.903, más de tres veces superior al costo que se registra en Gdańsk (USD 4.729) o Everglades (USD 4.476), y considerablemente mayor que en puertos británicos como Londres, Southampton y Portsmouth. En cuanto a los puertos de la Patagonia, las tarifas son de USD 11.237, mientras que en los no patagónicos ascienden a USD 9.364, cifras que también superan a las de terminales similares en otros países.
La paralización de los puertos argentinos dejó a más de 185 buques varados. Ante el reclamo que comenzó el sábado, el Gobierno intimó a 536 trabajadores a reanudar sus actividades y advirtió sobre posibles sanciones por un conflicto que ya estaba afectando contratos externos, el abastecimiento hacia la Patagonia sur y generando costos de entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios por cada barco detenido.
Como resultado, las operaciones de todas las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Energía (CADE) fueron suspendidas en muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, puntos de distribución de nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país. Dentro de las operaciones interrumpidas estuvo la del buque White Marlin, que tenía previsto participar en actividades relacionadas con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
