Uno de los proyectos en cuestión es el que establece el súper RIGI, un régimen de incentivos fiscales destinado a inversiones que superen los mil millones de dólares. Aprobado a finales de junio en la Cámara baja, este proyecto ha estado en debate en un plenario de comisiones durante dos meses, y la líder de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), busca cerrar el debate este miércoles con la firma del dictamen que le permita llevar la propuesta al recinto de la Cámara alta la semana próxima.
El acuerdo con los bloques aliados para dar luz verde a esta iniciativa parece estar asegurado, aunque el costo para el oficialismo podría resultar elevado para las aspiraciones de la Casa Rosada: se prevé que el texto sufra al menos dos modificaciones en comparación con la versión que fue aprobada en Diputados el 25 de junio.
Esto implica que el proyecto no se convertirá en ley tras su aprobación en el Senado, ya que deberá regresar a la Cámara baja para una segunda revisión, una instancia que el Gobierno busca evitar, especialmente considerando que la iniciativa llegará a una Cámara en la que la oposición ha planteado una dura confrontación con el oficialismo en torno al aumento del endeudamiento financiero. Para complicar más las cosas, el Presupuesto Nacional también estará ingresando en dos semanas.
El mismo miércoles se llevará a cabo otro plenario, que también contará con la participación de tres comisiones, para debatir otro régimen de incentivos fiscales, esta vez para inversiones relevantes (RIIR). Este proyecto fue presentado por el líder de la bancada radical, Eduardo Vischi (Corrientes).
Se anticipa que esta iniciativa obtenga dictamen, en parte porque es una de las concesiones realizadas por Bullrich para mantener el apoyo de la UCR como bloque aliado, y también debido a la afinidad ideológica de la líder del bloque oficialista, quien considera que la Casa Rosada ha dejado un vacío significativo en la creación de regímenes de incentivos para inversiones inferiores a los 100 millones de dólares.
Fuera de estos dos proyectos, la agenda legislativa en el Senado se encuentra en un estado de incertidumbre, con el apoyo de los aliados siendo fluctuante y temas que generan respaldo en algunos sectores, mientras que otros los rechazan.
Este complejo panorama representa un campo delicado para la dirección de La Libertad Avanza (LLA) que lidera Bullrich, quien debe avanzar con precaución para evitar heridas en sensibilidades e intereses, y para no perder aliados en el camino.
Un claro ejemplo de este desafío es el proyecto de ley de biocombustibles que promueve Bullrich. Esta propuesta ha provocado el descontento de los pequeños productores de biodiesel y ha desatado una división entre los productores de caña de azúcar y granos, que atraviesa a todos los bloques de manera transversal.
A pesar de ello, la presidenta del bloque de LLA aspira a avanzar con un texto que asegura contar con el apoyo de YPF y que es bien recibido por los productores azucareros del noroeste, quienes ven la propuesta como beneficiosa para el desarrollo del bioetanol.
Sin embargo, los votos que Bullrich podría obtener de un sector podrían perderse en otro. Las posturas de los radicales de Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires han sido críticas, y han manifestado que no apoyarán el proyecto. Hasta algunos oficialistas, como Juan Cruz Godoy (Chaco), expresaron su oposición durante una reciente reunión de comisiones.
Con el objetivo de evitar conflictos mayores y ante la falta de claridad sobre el daño que podría causar la propuesta a sus aliados tradicionales, Bullrich ha decidido posponer la firma del dictamen sobre biocombustibles y, por ahora, no se ha convocado a continuar con la discusión en comisiones.
En la misma situación de incertidumbre se encuentra el proyecto de sociedades, que parecía estar cerca de obtener dictamen tras el anuncio de que se introduciría un cambio en el texto enviado por el Gobierno, destinado a eliminar la noción de que una sociedad comercial pudiera ser controlada sin intervención humana.
Finalmente, el oficialismo aún no puede avanzar en el tratamiento de los proyectos de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y de Inocencia Fiscal II, que fueron aprobados por la Cámara baja la semana pasada. Ambos textos ya han sido remitidos a la Cámara alta, pero aún esperan la aprobación de la vicepresidenta Victoria Villarruel para ser girados a las comisiones que deberán discutir los proyectos.
