Las denuncias fueron receptadas por la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y cuentan con las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (de Hechos), del senador Guillermo Montenegro (de PRO) y del abogado Alfredo Drocchi, quien actúa en su derecho propio como ciudadano de la provincia.
Estas presentaciones tienen como trasfondo la resolución cautelar emitida el 7 de septiembre por Pascual, quien preside el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 en la causa N.º 40881-HC, en la que decidió suspender de manera preventiva la aplicación de la Ley Nacional 27.801 (nueva normativa penal juvenil) en toda la Provincia de Buenos Aires.
Dicha ley establece que la edad para que los adolescentes puedan ser imputados por delitos penales baja de 16 a 14 años, lo que implica condiciones específicas de privación de libertad para los posibles infractores que se encuentren dentro de este rango de edad.
Aunque el debate parece centrarse en aspectos técnicos y jurídicos, su repercusión política es significativa. La Casa Rosada había promovido y conseguido la sanción de esta reforma en febrero, estableciendo un plazo de seis meses para adecuar las estructuras de detención de menores. Sin embargo, algunos miembros del gabinete de Axel Kicillof se manifestaron en contra de la reforma, y tras conocerse el fallo de Pascual, acusaron al gobernador de “defender a los delincuentes”.
La senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en manifestar su opinión al respecto, afirmando que “no tengo la menor duda de que esta decisión se tomó en complicidad con Kicillof”.
Menos de un día después de la decisión de la magistrada, el diputado Sebastián Pareja anunció su intención de solicitar el juicio político, aunque aún no ha elevado oficialmente su pedido. Fuentes cercanas a Pareja mencionaron que se están evaluando todas las opciones para garantizar que el trámite tenga el respaldo necesario para avanzar.
Mientras tanto, ya se ha iniciado el procedimiento que podría conducir a una sanción contra Pascual. Montenegro, ex intendente de Mar del Plata y quien tiene vínculos con LLA desde el bloque PRO en el Senado, presentó argumentos coincidentes con los de Passaglia y Drocchi, afirmando: “Kicillof no ha realizado nada en este tiempo para adaptar la provincia al nuevo régimen penal. No nos sorprende que haya jueces que se sumen a este juego. Por eso buscamos su destitución”.
Los supuestos motivos de enjuiciamiento incluyen extralimitación funcional y mal desempeño, por haber frenado la aplicación de una ley sancionada por el Congreso de manera preventiva, sin haber resuelto el análisis constitucional pertinente. También se argumenta sobre la falta de competencia judicial, debido a que dictó una medida con un alcance general sin definir previamente su competencia, invadiendo la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un conflicto entre normativas nacionales y provinciales. Por último, se señala la insuficiencia en la fundamentación de su decisión, la cual se basó principalmente en condiciones de un establecimiento específico y en “hechos de público conocimiento”, sin sustentarla con datos estadísticos globales ni considerar medidas menos restrictivas.
La intervención de Pascual se dio en el contexto de una denuncia presentada por una ONG, que busca evitar el reclutamiento de menores en los institutos de Lomas de Zamora bajo el nuevo régimen penal juvenil. En su resolución, la magistrada tomó en cuenta las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas, donde se evidenció que el número de adolescentes alojados excedía los “estándares mínimos” definidos.
Pascual cuenta con una trayectoria de ocho años como funcionaria del gobierno de Eduardo Duhalde y luego ocupó un cargo en la justicia provincial. Recibió un título “Honoris Causa” de la Universidad de Almirante Brown en reconocimiento a su labor en el ámbito jurídico y su trabajo en temas de delincuencia juvenil.
El proceso de enjuiciamiento se tramita en la Secretaría de Enjuiciamiento provincial, liderada por Ulises Giménez. El primer paso consistirá en la ratificación de las denuncias. Montenegro, Passaglia y Drocchi deberán presentarse el lunes para firmar de forma presencial.
Se ha informado que, dado que las denuncias son por objetos similares y contra el mismo magistrado, se acumularán, y Giménez enviará un dictamen a la Procuración General y a la Comisión bicameral de enjuiciamiento. Este dictamen no es vinculante, lo que significa que la Procuración y la Comisión tendrán la potestad de decidir si se avanza o se archiva el proceso en un plazo no menor a diez días.
Si la acusación sigue adelante, se llevarán a cabo sorteos. La Suprema Corte bonaerense seleccionará a cinco conjueces abogados y la Secretaría a cinco conjueces legisladores, bajo la dirección del presidente de la Corte. Una vez finalizada esta etapa, se convocará a la primera audiencia, ya que el jury de enjuiciamiento es el único mecanismo disponible en la Provincia para sancionar o revocar el mandato de un juez.
