El juez Francisco Astoul Bonorino ha emitido un nuevo mandamiento para llevar a cabo el desalojo completo, aunque aún no se ha fijado una fecha para su realización.
El conflicto tiene su origen en 2011, cuando miembros de la lof Melo ingresaron sin permiso a la propiedad, obstaculizando el acceso de su dueña, quien denunció la usurpación de un terreno de aproximadamente 625 hectáreas. A inicios de 2012, María Cristina Broers formalizó su queja por la ocupación de las tierras.
A lo largo del tiempo, los integrantes de la familia Quintriqueo se unieron a la ocupación, formando la comunidad ahora conocida como Lof Kinxikew. Desde entonces, el caso ha pasado por diversas etapas judiciales, donde se han desestimado las apelaciones de la defensa y se ha mantenido la orden de restitución del inmueble.
En el operativo ejecutado en agosto, se logró desalojar a miembros de la Lof Melo de un sector del terreno. Sin embargo, antes de que las fuerzas de seguridad pudieran continuar con el resto del desalojo, se verificó la presencia de menores y la falta de funcionarios de organismos de protección a la infancia, lo que llevó a la suspensión del procedimiento.
El nuevo requerimiento judicial se enfoca en la zona del predio ocupada por la Lof Kinxikew.
Las tierras en cuestión, situadas entre Bariloche y Villa La Angostura, son atravesadas por la Ruta Nacional 40 y la Lof Melo había establecido su ocupación en un sector ribereño del lago Nahuel Huapi. La próxima fase del desalojo se centrará en el área opuesta del terreno.
Tras el desalojo parcial del 19 de agosto, se organizó una multitudinaria caravana de vehículos que llegó al lugar para expresar su apoyo a los miembros de la comunidad aún presentes en las tierras.
Broers afirma ser la propietaria del inmueble desde 1969 y posee documentación que respalda su título de propiedad. Su reclamo ha pasado por diversas instancias judiciales hasta lograr fallos favorables que confirmaron la orden de restitución.
El proceso judicial ha tenido varios capítulos antes de llegar a esta fase de ejecución. En marzo de este año, un grupo de aproximadamente diez funcionarios del sistema judicial de Neuquén se desplazó al lugar con el fin de avanzar en la medida, pero el operativo fue frustrado debido a la falta de recursos policiales para llevarlo a cabo.
Fuentes cercanas a la parte denunciante atribuyeron la ausencia de efectivos a una supuesta decisión política del gobierno neuquino para evitar el costo que implicaría un operativo de esta índole, aunque esta interpretación no ha sido confirmada oficialmente.
En abril de 2025, la Justicia reafirmó la orden de proceder con el desalojo, destacando que “el proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo”, comentaron fuentes cercanas a los denunciantes en ese momento.
La situación judicial se consolidó tras el rechazo, en julio de 2023, de un recurso interpuesto por la comunidad ante la Cámara de Apelaciones, que confirmó la resolución de primera instancia y habilitó la posibilidad de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia.
En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declaró inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante, confirmando así la orden de restitución del inmueble y permitiendo su ejecución.
Broers sostiene que los miembros de la familia Melo accedieron a la propiedad argumentando una existencia ancestral sobre estas tierras, mientras que la documentación presentada por la propietaria asegura que los ocupantes carecen de reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Posteriormente, los integrantes de la familia Quintriqueo se unieron a la ocupación y comenzaron a identificarse como Lof Kinxikew.
Desde el lado denunciante, aseguran que una vez agotadas las instancias judiciales, el debate dejó de centrarse en la validez de la orden de desalojo y se enfocó en la ejecución de la misma.
Luego del operativo del 19 de agosto, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado denunciando un “violento despojo” de las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo, y cuestionó el uso de fuerzas de seguridad provinciales en el procedimiento.
La organización responsabilizó al gobierno neuquino por su intervención directa en el operativo y criticó las decisiones que llevaron al desalojo.
Por su parte, la parte denunciante argumentó que el procedimiento policial se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, asegurando que las fuerzas de seguridad actuaron en función de lo dispuesto por la Justicia.
La Confederación Mapuche también cuestionó al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, a quien acusó de haber mantenido diálogos con miembros de las comunidades mientras se preparaba el desalojo.
Hasta el momento, la Justicia no ha establecido una fecha para la continuación del desalojo. La parte denunciante evalúa la posibilidad de gestionar el apoyo necesario para asegurar la ejecución de la medida, mientras un grupo de ocupantes permanece en el predio.
