No obstante, el inicio del encuentro estuvo marcado por un momento peculiar. Durante el izamiento del pabellón nacional, como indica el protocolo, la soprano de renombre internacional Mariana Bustos entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Bustos, una conocida cantante de ópera, también había interpretado el himno en la Embajada de Estados Unidos durante la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, evento al que asistió el presidente Javier Milei.
“Durante mi interpretación estuvieron a mi lado el Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, y el Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en un marco de gran significado institucional y de amistad entre ambas naciones. Haber sido convocada como artista para formar parte de este momento tan especial constituye uno de los mayores honores de mi carrera”, expuso Bustos en sus redes sociales el pasado 3 de julio.
Entre sus agradecimientos, además del diplomático Lamelas, también resaltó la labor de la Vicejefa de Misión, Heidi Gómez, quien le brindó una “cálida recepción”.
“La música tiene el poder de unir culturas, tender puentes entre los pueblos y representar a un país con respeto, emoción y orgullo. Gracias por permitirme vivir una experiencia inolvidable”, concluyó en su mensaje.
Las fotografías de esa velada diplomática muestran a la artista junto al presidente Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros asistentes.
En el plano político, el comienzo de la sesión evidenció que el Gobierno logró el quórum, sumando no solo a sus propios legisladores, sino también a bloques dialoguistas y aliados, cuya postura será crucial durante el desarrollo del debate.
Esta ampliación de apoyo se produjo tras el revés que el Gobierno sufrió en el Senado, donde no lograron avanzar con las reformas en cuestiones de tierras y manejo del fuego.
La sesión se inició con apartamientos de reglamento concernientes a morosidad, discapacidad y la relación bilateral con Brasil. Posteriormente, el temario se enfocó en las reformas económicas, acuerdos internacionales y una serie de iniciativas impulsadas por sectores de la oposición dialoguista que el oficialismo decidió incluir para facilitar el inicio de las discusiones.
Para asegurar el quórum, el oficialismo también incorporó el respaldo de sectores del PRO, la UCR, el MID, así como de la diputada Karina Banfi, el santacruceño José Luis Garrido, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los tucumanos de Independencia, el bloque Argentina Federal y representantes de Elijo Catamarca.
Dentro de la coalición Provincias Unidas, estuvieron su presidenta, Gisela Scaglia, y los legisladores cordobeses Alejandra Torres e Ignacio García Aresca, entre otros.
El principal proyecto que se discute es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una señal que el oficialismo considera clave para los mercados. La iniciativa prohíbe explícitamente el financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte de la autoridad monetaria.
Si se aprueba la ley, el Banco Central no podrá otorgar adelantos transitorios, un recurso que se ha utilizado históricamente para cubrir el déficit fiscal mediante la emisión monetaria. Además, no podrá adquirir directamente títulos públicos en el mercado primario.
La propuesta, impulsada por Javier Milei, busca revertir la modificación que se aprobó en 2012 durante el kirchnerismo, la cual había ampliado los mandatos del Banco e incorporado cuatro objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El nuevo texto establece un único objetivo para la entidad: preservar el valor de la moneda. Asimismo, modifica la forma de destitución del presidente del Banco Central y de sus directores, exigiendo una “causal grave” y una mayoría de dos tercios tanto en el Senado como en la Cámara.
El segundo eje de discusión girará en torno a la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, aprobado a fines del año pasado para estimular la formalización de ahorros fuera del sistema. El Gobierno estima que existen USD 179 mil millones que podrían orientarse a la inversión y la reactivación económica.
Desde el Ministerio de Economía, se reconoció que la versión original del régimen no había dado los resultados esperados. Por lo tanto, se promovió una ampliación del universo de beneficiarios y se realizaron aclaraciones técnicas para mejorar la “seguridad jurídica”, cambios que surgieron tras reuniones con estudios contables y especialistas en materia tributaria.
La nueva versión del régimen elimina dos requisitos que restringían el acceso: ya no será necesario que los contribuyentes tengan ingresos anuales menores a $1.000 millones ni un patrimonio inferior a $10.000 millones. Así, el esquema quedará abierto a todas las personas, sin importar su nivel de ingresos o patrimonio.
La única excepción serán los Grandes Contribuyentes, quienes no podrán acceder a los beneficios establecidos en la ley. Además, se incorporó una cláusula, a pedido de los aliados tras el escándalo de Manuel Adorni, que permite a los funcionarios de los tres poderes del Estado adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, pero no a la exteriorización de dólares no declarados ni de fondos fuera del sistema.
