Este análisis fue realizado por la consultora Analytica basándose en datos del Ministerio de Economía. Se trata de una estimación del gasto devengado, lo que significa que se consideran los compromisos de pago asumidos por el Estado nacional, sin que necesariamente estos pagos se hayan efectuado.
Durante agosto, la recaudación tributaria mantuvo un nivel relativamente estable en relación con la inflación. La consultora LCG reportó que, descontando el efecto del aumento de precios, se observó una leve caída del 0,2%. En el transcurso del año, los ingresos tributarios han experimentado una disminución del 3,7%.
Como respuesta a esta situación, el Ministerio de Economía implementó medidas para contener el gasto público. Según Analytica, julio y agosto representaron el bimestre con el ajuste más significativo desde finales de 2024. Hasta ahora, el recorte mensual más relevante había sido en febrero, con un 8%.
“La caída promedio del gasto público nacional volvió a ser la más alta para un bimestre desde 2024, evidenciando las dificultades generadas por la falta de recuperación en la recaudación”, expresó Claudio Caprarulo, economista de la consultora.
El experto destacó que los sectores más afectados, como la industria, el comercio y la construcción, representan cerca del 60% de los ingresos por IVA y Ganancias. En este contexto, el equipo económico busca cerrar el año cumpliendo con las metas fiscales acordadas con el FMI, un objetivo que no se logró cumplir en el primer semestre.
La primera meta intermedia del programa con el FMI fue incumplida en $570.000 millones, situación que el Gobierno señaló que se debió al diferimiento del pago del impuesto a las Ganancias, cuyo ingreso finalmente se registró en julio. Fuentes cercanas a Luis Caputo afirmaron que este incumplimiento había sido previamente dialogado con el organismo internacional.
En agosto, las partidas que sufrieron los mayores recortes incluyeron las Transferencias a provincias (-86,1%, y un 64,6% en los primeros ocho meses del año), Programas sociales fuera de la AUH (-40,6%), Bienes y servicios (-19,6%) y el Gasto salarial del sector público (-8%). Esta última categoría se posiciona como la segunda más relevante del gasto primario, solo detrás de las jubilaciones.
“No anticipamos cambios significativos en la dinámica de la recaudación. Los derechos de exportación podrían contribuir de forma moderada debido a una base de comparación baja, pero consideramos poco probable que estos logren mitigar la caída o el bajo crecimiento de los impuestos vinculados a la actividad económica”, sostuvo LCG.
“Mientras tanto, continuarán afectando las reducciones impositivas implementadas por el Gobierno, como los impuestos coparticipados determinados en la reforma laboral, la disminución de retenciones al trigo y la cebada, y la reglamentación del RIFL”, en referencia al Régimen de Incentivo a la Formalización aprobado con la reforma laboral.
Según los datos oficiales hasta julio, el sector público nacional registró un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PBI y un superávit financiero de alrededor de 0,1%. El Gobierno se ha comprometido a alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI este año, meta que ya fue revisada desde el 2,2% original. Con un resultado acumulado del 0,9% del PBI hasta julio, LCG advirtió que cumplir con el objetivo anual representa un desafío considerable ante la caída continua de los ingresos.
