La Casa Rosada no tiene planes de tratar ambas iniciativas de forma simultánea. La prioridad es sancionar las modificaciones que Javier Milei presentará el jueves por cadena nacional, las cuales buscan limitar el financiamiento monetario del Tesoro, restablecer la preservación del valor de la moneda como mandato central y aumentar los requisitos para destituir al presidente y al directorio de la entidad.
En Balcarce 50 se plantea avanzar en el acuerdo para Bausili durante los meses posteriores al debate legislativo. Esta secuencia responde a un razonamiento político: el oficialismo desea establecer primero las nuevas reglas de gobernanza del Banco Central y, posteriormente, regularizar la situación del funcionario que participa en la elaboración y ejecución del programa monetario.
Bausili ejerce la presidencia “en comisión” desde el 11 de diciembre de 2023. El decreto de designación establece que completará un período legal que culmina el 23 de septiembre de 2028, mientras que el Poder Ejecutivo ha enviado su postulación al Senado el 18 de diciembre de ese año. Aunque el expediente ingresó en la Comisión de Acuerdos, aún no cuenta con dictamen y el mensaje original de la postulación fue incorporado al expediente parlamentario adjunto.
Se aclara desde el Ejecutivo que una posible aprobación no implicaría automáticamente el inicio de un nuevo mandato de seis años. De acuerdo con la legislación vigente, el acuerdo formalizaría su designación hasta septiembre de 2028, ya que Bausili fue nombrado para completar el período institucional en curso, no por un plazo que comience desde su llegada al cargo.
De acuerdo con la Carta Orgánica, el presidente, el vicepresidente y los directores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por un período de seis años, pudiendo ser reelectos. A su vez, se permite cubrir los cargos en comisión mientras se gestiona la aprobación parlamentaria, una práctica que ha sido utilizada por gobiernos de diversos signos políticos desde los años 90.
Desde Nación han descartado la posibilidad de aprovechar la negociación de la reforma para ofrecer la presidencia del Banco Central como parte de un acuerdo con bloques dialoguistas. La decisión es defender la continuidad de Bausili y separar las posibles concesiones sobre el articulado de la discusión que se dará posteriormente sobre el nombramiento del nuevo titular de la entidad.
El antecedente más reciente de aprobación tardía es el caso de Federico Sturzenegger. Mauricio Macri lo designó en comisión en diciembre de 2015 y el Senado aprobó su pliego recién en noviembre de 2016, casi un año después, con 56 votos a favor. Este acuerdo formalizó su continuidad hasta septiembre de 2022, aunque finalmente renunció en junio de 2018.
En la historia reciente también se observan presidentes que han ejercido el cargo sin completar el trámite de aprobación. Luis Caputo fue nombrado en comisión en junio de 2018 y renunció tres meses después; Guido Sandleris asumió bajo el mismo mecanismo en septiembre de ese año y se mantuvo en su puesto hasta el cambio de gobierno en 2019.
Miguel Pesce también comenzó su gestión en comisión en diciembre de 2019. Alberto Fernández envió su pliego al Senado ese mismo mes y volvió a solicitar el acuerdo en 2022, cuando comenzaba otro período legal, aunque el trámite no llegó a completarse antes de su salida de la entidad en diciembre de 2023.
En otros casos, la Cámara alta regularizó rápidamente las designaciones. Alejandro Vanoli, por ejemplo, asumió en comisión en octubre de 2014 y obtuvo el acuerdo en diciembre de ese año para completar el mandato vacante de Juan Carlos Fábrega. La votación final concluyó con 37 apoyos y 24 rechazos.
La reforma que prepara Milei introduce una nueva dimensión al buscar endurecer el procedimiento de remoción. El régimen vigente permite que el Poder Ejecutivo destituya al presidente o a los directores por incumplimiento de la Carta Orgánica, inhabilidades, mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el consejo previo de una comisión del Congreso en los dos últimos casos, un pronunciamiento que históricamente ha sido considerado no vinculante.
Los principales antecedentes de conflictos en este ámbito son Pedro Pou y Martín Redrado. Fernando de la Rúa removió a Pou en 2001 por “mala conducta”, mientras que Cristina Kirchner destituyó a Redrado en 2010 por su negativa a transferir reservas al Fondo del Bicentenario. En el segundo caso, el Ejecutivo realizó primero la remoción y luego la confirmó tras recibir el consejo de la comisión legislativa.
La Casa Rosada pretende reducir ese margen de discrecionalidad mediante causales más específicas, mayores exigencias procedimentales y una participación legislativa más robusta. Sin embargo, el alcance real del “blindaje” dependerá de la redacción final y de las cláusulas transitorias: el proyecto deberá definir claramente si el nuevo régimen de remoción afectará a las autoridades que ya se encuentren en funciones.
El oficialismo presenta toda esta secuencia como parte de una estrategia institucional unificada. Primero buscará sancionar una Carta Orgánica que limite la asistencia al Tesoro y otorgue mayor estabilidad a la conducción del Banco Central; luego, elevará al Senado el pliego pendiente para consolidar a Bausili hasta 2028. La intención es respaldar a un funcionario que, tanto Milei como Luis Caputo, consideran “central” para la continuidad del programa económico.
