El expediente tramita en el Juzgado Federal de Puerto Iguazú tras una denuncia formal presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La presentación apunta de manera directa contra las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de control fronterizo, con el objetivo de dilucidar si se otorgó un trato preferencial o si se eludieron los mecanismos habituales de fiscalización migratoria.
A partir de la denuncia, el fiscal federal Fabián Martínez libró una serie de oficios de carácter urgente dirigidos a la Dirección Nacional de Migraciones, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y registros de enlace con Interpol. La instrucción busca reconstruir la traza documental y biométrica del dirigente brasileño mediante tres ejes centrales:
Trazabilidad y registro de cruce: Determinar la fecha exacta, la hora y el puesto de control por el que ingresó al territorio nacional —puntualmente en el área del Puente Internacional Tancredo Neves o pasos aledaños de la Triple Frontera—, así como la categoría migratoria asentada en el sistema.
Estado legal y alertas de seguridad: Corroborar si al instante del tránsito existía algún tipo de restricción judicial, impedimento de salida dictado en Brasil o notificación activa en las bases de datos de seguridad binacionales e internacionales.
Desempeño de los funcionarios actuantes: Establecer si el personal apostado en la cabecera fronteriza cumplió con los protocolos ordinarios de identificación o si se incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público y facilitación indebida de ingreso.
La recolección de los libros de guardia, las filmaciones de las cámaras de seguridad del paso fronterizo y los registros digitales del sistema migratorio definirán en las próximas jornadas el curso de la investigación penal.
