En ese marco, la entidad presentó una propuesta de incentivos fiscales para la industria, con beneficios similares a los del RIGI, una reducción de impuestos y estabilidad tributaria por 30 años. Para ponerla en marcha, plantea alcanzar un acuerdo político entre los tres niveles de gobierno.
La iniciativa, denominada Pacto Fiscal Industrial Federal, fue expuesta por Carlos Abeledo, jefe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA). El especialista explicó que el proyecto surgió de conversaciones con el presidente de la entidad, Martín Rappallini, y que ya se iniciaron contactos con autoridades nacionales y algunas jurisdicciones provinciales. El objetivo es bajar los costos tributarios, promover inversiones y mejorar la competitividad en los mercados internacionales.
La presentación coincidió con una jornada en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, también se refirió a los impuestos. El funcionario mencionó la posibilidad de avanzar sobre el impuesto de Sellos, pero no anunció cambios en Ingresos Brutos, uno de los tributos más cuestionados por los industriales y cuya reducción depende de las provincias.
Abeledo volvió sobre ese tema y cuestionó las posiciones que habían expuesto los gobernadores participantes de la conferencia. Según afirmó, aunque los mandatarios provinciales hablaron de exenciones, las empresas industriales siguen afrontando el costo del impuesto.
Para ilustrarlo, recordó una anécdota de la histórica pelea entre Ringo Bonavena y Cassius Clay. Mientras sus entrenadores le decían al boxeador argentino que iba ganando, Bonavena respondió: “Revísenlo al réferi porque alguien me está pegando”. Luego, Abeledo ironizó: “Acá con Ingresos Brutos pasa lo mismo. Todos nos eximieron, pero nosotros estamos pagando. O sea, a alguien hay que revisar porque a alguien no le llegó la noticia”.
Como base para el planteo, la UIA presentó la segunda edición de un relevamiento que compara la carga tributaria argentina con la de otros 29 países. El estudio examinó ocho impuestos de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con el informe, la presión fiscal promedio de la Argentina es del 28%, un nivel que ubica al país en el puesto 12 de los 30 analizados. Pero, al ajustar el indicador por una informalidad laboral cercana al 50%, la presión sobre el sector formal trepa al 56%, la más alta del conjunto. Brasil quedó segundo, con el 50%, mientras que Francia e Italia registraron un 45%.
El trabajo también detalló los tributos en los que la Argentina tiene las mayores cargas relativas. En el ámbito nacional, el país encabezó la comparación en el impuesto a los débitos y créditos bancarios y en la imposición sobre el patrimonio. Además, se ubicó entre los primeros puestos en Ganancias de sociedades y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sobre los derechos de exportación, Abeledo señaló que, entre los países incluidos en el análisis, la Argentina comparte con Rusia la particularidad de aplicar ese tipo de tributos.
En el plano subnacional, el país lideró las comparaciones de Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. El especialista también criticó los sistemas de retenciones y percepciones anticipadas, que generan saldos a favor de los contribuyentes y reducen el capital de trabajo de las empresas.
Durante su exposición, Abeledo explicó cómo nació la idea de impulsar un régimen tributario especial para la industria. Según contó, antes de asumir la presidencia de la UIA, Rappallini le planteó que era necesario elaborar una propuesta destinada al sector transable de la economía.
Al principio, Abeledo consideró que no era el momento de avanzar, porque predominaba la idea de que los beneficios impositivos debían ser generales y no dirigidos a sectores específicos. La aparición de distintos regímenes de incentivos cambió su perspectiva. “Hay RIGI que ha beneficiado a ciertos sectores de la economía. Hay RIMI, que ha tratado de dar beneficios a las pequeñas y medianas empresas. Hay proyectos de superRIGI”, enumeró durante su exposición.
A partir de ese escenario, la UIA comenzó a elaborar un esquema específico para las empresas industriales.
El proyecto toma como antecedentes el Pacto Fiscal Federal de 1993 y el Consenso Fiscal de 2017. Abeledo advirtió, sin embargo, que esas experiencias no lograron cumplir plenamente sus objetivos.
La propuesta busca comprometer a la Nación, las provincias y los municipios al mismo tiempo. La entidad ya abrió conversaciones con autoridades nacionales y algunas jurisdicciones provinciales, pero todavía debe reunir los consensos necesarios para implementarla.
El Pacto Fiscal Industrial Federal, identificado como RICI durante la presentación, contempla compromisos de alcance nacional y subnacional. Entre las medidas nacionales, Abeledo destacó los incentivos a la amortización, que, según sostuvo, podrían mejorar las condiciones para invertir en un contexto de baja inversión. También subrayó la necesidad de eliminar el impuesto al cheque, creado en 2001 como una medida de emergencia y previsto originalmente hasta diciembre de 2003.
La dimensión provincial y municipal representa uno de los principales desafíos políticos para la UIA, porque comprende tributos cuya modificación depende de esos gobiernos. Ingresos Brutos ocupó un lugar central en la exposición: Abeledo objetó que las provincias eleven las alícuotas de determinadas actividades sin tener en cuenta que esos costos se trasladan al resto de la economía.
Como ejemplo, mencionó el incremento de la carga impositiva sobre el sector financiero y advirtió que el impacto termina recayendo en quienes solicitan créditos. “Si un defecto tiene Ingresos Brutos es que es en cascada y trasladable. Lo termina pagando el que toma un crédito”, sostuvo.
Respecto de las tasas municipales, pidió que los montos cobrados guarden una relación concreta con los servicios prestados. También resaltó el papel de la Justicia y mencionó fallos recientes de la Corte que buscan fijar límites a los excesos en la tributación municipal.
Abeledo remarcó que cualquier cambio en el impuesto de Sellos, como el planteado por Caputo, requiere el acuerdo de las 24 jurisdicciones.
Al terminar su exposición, el dirigente reclamó decisiones políticas para avanzar con el nuevo esquema tributario y evocó el programa televisivo Atreverse, emitido a comienzos de los años noventa.
“Hay algunas decisiones que se tienen que tomar que requieren coraje”, afirmó.
Luego hizo un pedido a las autoridades nacionales, provinciales y municipales: “Es importante de una vez por todas que este acuerdo, este pacto que estamos proponiendo, entre en vigencia”.
