Fuentes relacionadas con el caso informaron que Casación dispuso que la Cámara en lo Penal Económico sea la encargada de decidir qué juez debe hacerse cargo del caso: si el de Campana o uno del ámbito del fuero Penal Económico. Además, se instruyó a dicha Cámara a actuar “con la celeridad que el caso impone”.
Mientras tanto, la causa permanecerá bajo la supervisión de González Charvay. La decisión final depende de la Cámara Penal Económico, que está constituida por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes ya han tratado una causa contra las autoridades de la AFA, que incluye el procesamiento de Toviggino, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes, por retener indebidamente 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes.
El tribunal deberá determinar si confirma los procesamientos de los líderes y ya ha ratificado la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino, además de haber rechazado un pedido para archivar la causa.
Los jueces de la Sala I de Casación, Ángela Ledesma y Javier Carbajo, revocaron el fallo de la Cámara Federal de San Martín que había ordenado la tramitación del caso en Campana. En su dictamen, Carbajo afirmó que la decisión debió recaer en la Cámara en lo Penal Económico. “La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia”, subrayó, añadiendo que “las cuestiones de competencia y conflictos entre jueces federales de primera instancia deben ser dirimidos por la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente al juez que hubiese prevenido, es decir, aquel que tuvo el primer conocimiento del hecho”. Este primer juez fue Marcelo Aguinksy, del fuero Penal Económico.
De manera similar, la jueza Ledesma indicó que “sin desmerecer la naturaleza de los hechos investigados, era pertinente que el asunto se elevará al tribunal de apelación del juez que inicialmente intervino” y advirtió que la intervención de otro tribunal “implicó desatender la normativa legal que indica la resolución de los conflictos de competencia entre jueces de igual rango”.
El tercer juez de Casación, Mariano Borinsky, se pronunció a favor de que la causa progrese en la justicia de Campana, argumentando que el fallo de la Cámara de San Martín no constituía una sentencia definitiva que justifique la intervención de Casación ni se trataba de un retraso en la tramitación del expediente o de un supuesto de privación de justicia.
“Centrarse únicamente en la manera en que se ha manejado este legajo, procurando la nulidad de la resolución recurrida para que otra Cámara de igual jerarquía aborde nuevamente el tema, aparece en el contexto del caso como una solución dilatoria que perjudica los principios de justicia”, concluyó.
