Desde el Ministerio de Capital Humano se recordó que la nueva normativa resalta la educación en todos sus niveles —desde maternal hasta secundario— como una actividad esencial. Por lo tanto, los gremios tienen la responsabilidad de garantizar un 70% de cobertura, lo que se traduce en una proporción mínima de clases presenciales.
La jornada de paro es de 24 horas; sin embargo, algunos sindicatos provinciales han sugerido la posibilidad de extenderla mediante asambleas.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei ha intentado implementar una política que limite las actividades sindicales. El Decreto 70/2023, emitido poco después de asumir la presidencia, ya había establecido los lineamientos que posteriormente se concretarían en la Ley Bases y en la Ley de Modernización Laboral.
En estas normativas, la educación, que incluye los niveles maternal/guardería, preescolar, primario, secundario y educación especial, es clasificada como un servicio esencial. Anteriormente, solo unas pocas actividades tenían esta consideración, destacándose la Salud, que ya contaba con guardias mínimas durante los paros.
El Gobierno ha ampliado tanto las áreas cubiertas como las sanciones para los gremios. Anteriormente, se enfrentaban a multas por realizar medidas de acción directa en pleno proceso de conciliación obligatoria. Ahora, las restricciones se amplían y pueden enfrentarse, por ejemplo, a sanciones por no proporcionar la “cobertura” de guardias correspondiente.
En el ámbito educativo, los gremios y las instituciones están obligados a garantizar un 75% de la prestación habitual durante las jornadas de paro o protestas. Las escuelas deben coordinar esquemas de guardias docentes que aseguren que al menos tres cuartas partes de las clases se mantengan operativas.
Fuentes del Ministerio de Capital Humano anunciaron que, en caso de incumplimiento, los sindicatos se verán expuestos al “inicio de un proceso sancionatorio” que podría comenzar con “multas” y escalar a consecuencias más graves. La normativa también permite accionar por daños y perjuicios directamente contra los dirigentes y las organizaciones sindicales, así como habilitar denuncias penales.
La supervisión del cumplimiento de la Ley de Reforma Laboral recaerá en el Ministerio de Capital Humano, que llevará a cabo “una inspección muestral en escuelas de todo el país” para verificar que las entidades gremiales respeten el mínimo del 75% de prestación habitual del servicio educativo. “En caso de detectar incumplimientos, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones pertinentes”, se agregó.
El Ministerio instó a “todos los agentes del sistema educativo, conforme a sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente sobre la esencialidad de la educación, a fin de ofrecer previsibilidad a las familias argentinas”.
El pliego de CTERa incluye reclamos orientados a las políticas implementadas por Javier Milei durante su mandato. En primer lugar, se solicita la reactivación de la Paritaria Nacional Docente, un mecanismo que fue desactivado y que solía definir un “piso” salarial que debían respetar las provincias. Este mecanismo fue suspendido en el verano de 2024, argumentando que los gobiernos locales son los empleadores de los docentes.
Además, se exige el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la transferencia de fondos nacionales atrasados destinados a la educación, así como una “recomposición salarial y presupuestaria”. También se demanda la sanción de una nueva legislación que garantice recursos e inversión sostenida para el sistema educativo público, junto al rechazo a reformas y proyectos de ley, incluida la propuesta conocida como “Ley de Libertad Educativa”.
