La propuesta incluye el super-RIGI; un marco regulatorio para el lobby; un proyecto orientado a prevenir la ludopatía; y una iniciativa para derogar la Ley de etiquetado frontal.
Super-RIGI: Fomentando ‘las industrias del futuro’
El objetivo del Super-RIGI es establecer un esquema que ofrezca mayores incentivos en comparación con el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones en vigencia, dirigido a las ‘industrias del futuro’ que aún no se encuentran en operación en el país.
De acuerdo al documento oficial, se considerará ‘nuevas actividades económicas’ a proyectos industriales, tecnológicos o de servicios relacionados con infraestructura digital y tecnológica, que tengan un impacto significativo en la estructura productiva del país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó como posibles beneficiarias a la fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. Para que una actividad califique para este beneficio, debe ser nueva en el país a partir de la entrada en vigor de la ley. Además, establece que la inversión mínima debe ser superior a 1000 millones de dólares en activos elegibles, de los cuales al menos el 20% debe invertirse dentro de los dos primeros años de adhesión.
A cambio, el régimen proporciona diversos beneficios fiscales y aduaneros, como una tasa del impuesto a las ganancias del 15% -10 puntos menos que el régimen actual-; la exención de aranceles de importación y exportación para bienes vinculados al proyecto; y un sistema progresivo de libre disposición de divisas provenientes de exportaciones, entre otros.
Ley de Lobby: Regulación de Intereses ante el Estado
Esta propuesta busca regular por primera vez de forma integral el lobbying en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Para ello, el proyecto establece un régimen de inscripción obligatoria, un registro público de contactos y sanciones penales para aquellos que influyan en decisiones del Estado sin cumplir con los requisitos de transparencia.
La ley contempla la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, gratuitamente accesible en formato digital. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, que deseen influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones, deberán inscribirse previamente. Nadie podrá reunirse con un gestor que no esté debidamente registrado, y se deberá documentar cada contacto en un plazo de cinco días hábiles.
Esta normativa se aplicará a todos los niveles de la administración, desde el Presidente y el Vicepresidente hasta los ministros, senadores, diputados y sus asesores.
Ludopatía: Lucha contra el Juego Ilegal y Prevención
Este proyecto tiene como principal objetivo eliminar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, impedir el acceso de menores y consolidar la prevención del juego problemático como una cuestión de salud pública en el país.
Para ello, se prevé endurecer las penas, estableciendo sanciones de tres a seis años de prisión para quienes operen apuestas sin autorización, y de dos a cuatro años para quienes faciliten estas actividades a través de servicios financieros, tecnológicos o de publicidad.
Se prohíbe totalmente la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, responsabilizando a agencias, productoras, influencers y medios que participen en dicha difusión. Las plataformas autorizadas deberán cumplir con restricciones, evitando que sus campañas se dirijan a menores o asocien el juego con éxito social o consumo de alcohol o tabaco.
La ley designa responsabilidades de control a varios organismos del Estado, incluyendo el Enacom y el Banco Central, estableciendo que entidades financieras y proveedores de pago no podrán interactuar con plataformas que no cuenten con métodos eficientes para validar la edad de los usuarios.
Etiquetado Frontal: Razonamientos para Derogar la Norma
El Gobierno ha presentado un proyecto para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, conocida como Ley de etiquetado frontal.
Esta norma, aprobada en 2021 con gran apoyo legislativo, impone octógonos negros que advierten sobre el contenido nutricional de los productos y regula la publicidad dirigida a niños.
El Ejecutivo justifica la derogación, argumentando que alimentos ‘tradicionalmente aceptados’ reciben las mismas advertencias que productos de menor calidad nutricional. Esto, sostiene, complica la correcta diferenciación entre alimentos con perfiles nutricionales diversos y disminuye la capacidad informativa del sistema.
Además, el Gobierno critica las restricciones a la publicidad, considerando que ‘implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria’.
