La legislación vigente exige que los productos alimenticios presenten sellos negros de advertencia cuando contienen niveles elevados de azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías. La Casa Rosada pretende sustituir este sistema por otro tipo de etiquetado, pero primero pretende proceder con la derogación de la ley actual, que busca fomentar hábitos alimenticios más saludables.
Los legisladores Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron recientemente una propuesta en conjunto para derogar la ley de sellos. “Es un exceso de paternalismo”, expresó Bongiovanni en un pronunciamiento sobre la iniciativa.
Ambos diputados habían intentado previamente, de manera independiente, otras propuestas en 2024, pero debido a la caducidad parlamentaria, decidieron unirse en una nueva propuesta. “Una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo”, subrayó el legislador.
Asimismo, Bongiovanni comentó que el etiquetado estigmatiza a los productos y a la industria en su conjunto. “Odian a los ultraprocesados”, añadió.
Los críticos de la norma, especialmente en el ámbito libertario, enfatizan que no impulsa a la industria a producir alimentos más saludables. “Complica al comercio exterior, los productos de otros países no presentan estas alertas”, argumentan.
Desde el oficialismo, hay confianza en contar con las votaciones necesarias para hacer efectivo el proyecto de derogación.
Respecto al contenido del proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sus defensores argumentan que la normativa actual “genera confusión” entre los consumidores y no logra su objetivo de ofrecer información clara sobre el contenido nutricional. Según su análisis, el sistema argentino mide los nutrientes en proporción al total de calorías, algo que podría provocar que productos similares tengan advertencias distintas.
Bongiovanni también critica la eficacia de los octógonos negros en fomentar cambios en la industria alimenticia. Según el proyecto, el marco regulatorio implementado no promovió una reformulación significativa de productos, resultando en una “sobreabundancia” de sellos: se estima que en 2023, el 85% de los productos envasados contaba con al menos un aviso, diluyendo así el mensaje del etiquetado.
Otro aspecto de la propuesta se centra en las disparidades regulatorias dentro del Mercosur. Los autores argumentan que distintas normativas de etiquetado en la región obligan a las empresas a modificar envases y fórmulas según el país, lo que incrementa costos y perjudica particularmente a las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Así, sugieren avanzar hacia un sistema unificado de etiquetado nutricional para todo el bloque regional.
El texto también señala que las recientes modificaciones aportadas por la ANMAT a la reglamentación de la ley indican un reconocimiento implícito de las “fallas” del sistema actual, pero consideran que los ajustes administrativos no resuelven los problemas de fondo de la norma. Por tanto, los legisladores creen que la derogación es el único camino viable para establecer un nuevo conjunto de normas con “certeza jurídica” y alineadas con el Mercosur.
La presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, Ana Cáceres, expresó su preocupación respecto a estos intentos de derogación. “Este intento de derogación de la ley es un intento por tapar la verdad”, afirmó. “La evidencia es sólida en relación a que el consumo impacta directamente en la malnutrición y en enfermedades no transmisibles”, agregó.
Cáceres subrayó que la ley fue objeto de un intenso debate guiado por la evidencia científica, y que participaron en el mismo tanto científicos como representantes de la industria y legisladores. “Se construyó el mejor proyecto posible”, afirmó.
La presidenta de FAGRAN también defendió la ley, diciendo: “Derogar una norma que costó tanto esfuerzo conseguir, que es la mejor en la región, es invalidar una discusión que se saldó en el Congreso y se aprobó por amplia mayoría”. Criticó la medida como un ataque a un proceso democrático y participativo.
La nutricionista resaltó que la ley proporciona información clara y sencilla, haciendo hincapié en que es especialmente valorada por los sectores más vulnerables de la población. Además, destacó que su impacto va más allá de la simple visualización de etiquetas, indicando que muchas provincias han progresado en promover alimentaciones más saludables en escuelas.
Cáceres concluyó advirtiendo que derogar la ley implicaría regresar a un sistema en el que solo los expertos podrían interpretar la información nutricional. Ante las críticas, reafirmó que la industria alimentaria enfrenta dificultades, pero no debido al etiquetado, que busca desincentivar el consumo de productos ultraprocesados.
Frente a la posible derogación, FAGRAN no permanecerá inactiva. “Ya hemos solicitado audiencias con diputados y senadores, y movilizaremos nuestros recursos en la medida que sea posible”, afirmó. “La ciudadanía apoya la ley, la encuentra útil y la valora. Lo hemos comprobado”, agregó Cáceres. “Es muy violento derogar una ley que beneficia tanto a la población”, concluyó.
Finalmente, al referirse a la presión de la industria para anular la ley, Cáceres destacó: “Hay una industria que siempre se opuso a esta ley y que se siente ahora fortalecida con la posible derogación, pero hay otra que está sufriendo las consecuencias porque está comprometida”. Además, criticó la gestión actual, afirmando que “la gente no necesita derogar esta ley, necesita una economía que funcione y que le permita acceder a los alimentos necesarios para vivir.”
