El juez Mazzant se basó en la recomendación del magistrado Don Bush, quien el 18 de mayo había informado sobre la admisión de culpabilidad de Machado durante una audiencia breve, en la que aceptó haber cometido los delitos que se le imputaban. Con esta resolución, el foco del proceso judicial se ha trasladado de la culpabilidad a la determinación de la pena a cumplir.
El texto del fallo establece que aunque el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad de Machado, se pospuso la aprobación definitiva del convenio con la fiscalía hasta que se evalúe el informe previo a la sentencia, que tomará en cuenta sus antecedentes y las particularidades del caso. De esta forma, se ha afirmado la responsabilidad penal del empresario, quedando por definir la magnitud de la condena, cuya fecha aún no ha sido fijada.
Machado fue extraditado a EE.UU. en noviembre tras prolongadas disputas legales. Al llegar a Texas, inicialmente se declaró “no culpable”, siguiendo el consejo de su defensa, pero posteriormente cambió su estrategia en busca de un acuerdo con la fiscalía. Este proceso fue dirigido por el abogado neoyorquino Alex Spiro, quien lo representó ante la justicia estadounidense.
Dentro de este acuerdo, Machado aceptó haber recaudado millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones que nunca estuvieron disponibles o pertenecían a terceros. Este esquema operaba a través de las empresas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por él desde Florida, en colaboración con una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y personal con sus socios estadounidenses. Según la acusación, la maniobra provocó la obtención de cientos de miles de dólares mediante operaciones fraudulentas con aeronaves que nunca fueron entregadas a los compradores.
Como parte del convenio de culpabilidad, la fiscalía retiró el cargo de narcotráfico internacional que pesaba sobre Machado desde la imputación inicial de 2020, un delito que podría llevar penas mínimas de hasta diez años de prisión, y que mantiene detenida a una de sus socias estadounidenses, Deborah Mercer-Erwin. A cambio, Machado aceptó la culpabilidad de dos delitos que podrían acarrear penas máximas de hasta veinte años cada uno, además de multas y el decomiso de bienes.
El acuerdo también tiene implicaciones en Argentina. La fiscalía de Texas ha incorporado como prueba una transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert, registrada a través del Bank of America y ligada a una aeronave utilizada por Machado en sus vuelos a Argentina. Esta operación es objeto de investigación por parte del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien mantiene una causa en desarrollo donde Espert está imputado por lavado de dinero.
Tras la revelación sobre la financiación de Machado en 2019 y 2020, Espert decidió renunciar a su candidatura como líder de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El exdiputado mantiene que el pago se debió a una consultoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala que no se concretó debido a la pandemia.
En Texas, se aguarda ahora la etapa de la sentencia. El equipo de defensa de Machado espera que se le considere el tiempo cumplido en una prisión privada de Oklahoma y los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en las afueras de Viedma, tras su arresto en Bariloche en abril de 2021. Sin embargo, esta decisión dependerá del criterio del juez Mazzant. Con la declaración de culpabilidad firmada, el caso ha entrado en su fase final, donde el tribunal tendrá que decidir el tiempo de prisión que se le impondrá a Machado y si se contemplará, como parte de la condena, el tiempo que estuvo detenido tanto en Argentina como en Estados Unidos.
