El total estimado por la consultora Galois, liderada por Rodolfo Correa Becker, asciende a $784.290 millones durante el primer semestre. Este total se origina de una recaudación acumulada del impuesto, que alcanzó $3.839.125 millones de enero a julio. Tras deducir el 1,9% destinado a ARCA, el porcentaje del 35,44% resulta en $1.334.735 millones.
De aplicar el esquema de coparticipación, las 24 jurisdicciones habrían recibido en conjunto $784.290 millones, mientras que el resto estaría destinado al componente nacional del sistema. “Este ejercicio permite evaluar de forma concreta la propuesta que los gobernadores no lograron convertir en ley, que consistía en que los recursos gestionados mediante fondos específicos se transformaran en transferencias directas a las provincias. No reproduce con exactitud el proyecto de ley del año pasado, ya que contemplaba una cantidad mayor y un criterio de distribución diferente”, comentó Correa Becker.
Según el desglose, después de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se encuentran Chaco con $37.792 millones; Entre Ríos, $36.989 millones; Tucumán, $36.041 millones; Mendoza, $31.590 millones; y Santiago del Estero, $31.298 millones.
En las posiciones siguientes están Salta con $29.037 millones; Corrientes, $28.161 millones; Formosa, $27.578 millones; San Juan, $25.608 millones; y Misiones con $25.024 millones.
Jujuy se ubica con $21.522 millones; Catamarca, con $20.866 millones; Río Negro, con $19.115 millones; CABA, con $18.686 millones; San Luis, con $17.291 millones; y La Rioja, con $15.686 millones. Cierran el listado La Pampa con $14.227 millones; Neuquén, con $13.148 millones; Chubut y Santa Cruz, con $11.981 millones cada una; y Tierra del Fuego, con $9.343 millones.
El 35,44% que utiliza Galois para su análisis no es una cifra arbitraria, ya que resulta de la suma de tres destinos específicos del impuesto: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para la compensación del transporte público. El resto se asigna al Tesoro Nacional, Fonavi, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.
El conflicto se centra en esos fondos, especialmente en el SisVial, parte del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Se precisó que a finales de mayo más de $1 billón de esos recursos se hallaban en inversiones financieras, fondos que son gestionados por el Ministerio de Economía; el vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, admitió que se utilizan para alcanzar el equilibrio fiscal.
La particularidad de este debate radica en que, mientras el Estado Nacional utiliza fondos destinados a la infraestructura para inversiones financieras, los gobernadores reclaman la urgencia de reparar y mantener las rutas nacionales.
Un antecedente se encuentra en el proyecto de ley de 2025, cuando los gobernadores propusieron eliminar diversos fondos y asignaciones específicas, incrementando la participación provincial en el impuesto al 57,02%. La propuesta planteaba que el 25% de esa porción se distribuyera en partes iguales y el 75% conforme a los coeficientes de la Ley 23.548. La iniciativa fue aprobada en el Senado con 56 votos a favor y 1 en contra, pero en Diputados alcanzó 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para obtener la mayoría absoluta requerida para una reforma de coparticipación.
