En una entrevista, Oneto cuestionó la idea, que ha circulado ampliamente desde que se hizo pública la presentación, de que el trámite ante la ONU no generaría efectos en el contexto local. “Es desacertado afirmar que eso no tiene efectos”, aseguró el abogado, quien explicó que el Código Procesal Penal Federal permite promover un recurso de revisión cuando hay un pronunciamiento de un organismo internacional de derechos humanos en relación a una comunicación individual.
El abogado, quien no es el abogado personal de Javier Milei, sino que lo patrocina en varias causas, enfatizó que la eventual participación del Comité de Derechos Humanos podría abrir un debate procesal dentro de la justicia argentina, sin que esto implique un cambio automático de la condena.
Oneto detalló que un debate de este tipo solo se iniciaría si el Comité emite un pronunciamiento sobre el caso. En tal escenario, los tribunales argentinos tendrían que decidir si el dictamen cumple con los requisitos necesarios para habilitar la revisión de la condena, así como el alcance que se le puede conceder en el marco del derecho interno.
“Si hay un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos, eso habilita la admisión de un recurso de revisión según el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal”, afirmó.
Sin embargo, destacó que la aceptación del recurso no asegura un cambio en la situación judicial de Cristina Kirchner. “Que el recurso de revisión sea admisible no quiere decir que necesariamente sea procedente. Son cosas distintas”, subrayó.
Oneto también comentó que la defensa de la expresidenta no solo impulsó el reclamo ante la ONU, sino que además solicitó una medida cautelar. Según él, la redacción del artículo 366 permite que los pronunciamientos de este tipo se consideren en la justicia argentina. “La Corte Suprema tiene una jurisprudencia histórica que sostiene que donde la ley no distingue, no corresponde distinguir”, indicó.
El abogado añadió que, si la revisión fuera aceptada, el Código Procesal Penal Federal establece que los jueces pueden analizar las medidas cautelares mientras se resuelve la cuestión. Para Oneto, la verdadera pregunta no es si la ONU puede revocar una condena argentina, sino qué efectos procesales puede generar un pronunciamiento internacional en el sistema judicial local.
Más allá del debate judicial que se podría generar en Argentina, Oneto explicó que el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos tiene etapas definidas antes de que se tome una decisión. La Observación General Nº 33 establece que el Estado tiene seis meses para responder sobre el fondo de la cuestión una vez que la presentación sea admitida. Simultáneamente, la defensa de Cristina Kirchner está gestionando la medida cautelar, que sigue un procedimiento distinto.
El abogado también advirtió que los plazos podrían ampliarse debido a la reducción de recursos que ha afectado el funcionamiento del organismo internacional, disminuyendo la frecuencia de sus reuniones.
Junto a las implicancias jurídicas, durante el programa se analizó el impacto político que podría tener la decisión de la defensa de Cristina Kirchner de apelar a un organismo internacional. Según un comentario, la estrategia busca mantener abierta la posibilidad política de la expresidenta mientras avanza el proceso.
“Lo que buscan es reinstalar la posibilidad de una candidatura de Cristina y obtener una herramienta de presión internacional para revertir la situación, más allá de los efectos jurídicos”, se afirmó.
Oneto coincidió en que el proceso podría generar consecuencias políticas incluso antes de que haya una resolución. “La incertidumbre abre una ventana para la negociación”, resumió, subrayando que la falta de definiciones mantiene abiertas distintas posibilidades y fortalece la capacidad de negociación dentro del peronismo.
Por ahora, el expediente recién comienza su proceso ante el Comité de Derechos Humanos. Si el organismo decide pronunciarse sobre el caso, el debate dejará de ser estrictamente político y se trasladará nuevamente a los tribunales argentinos, donde se deberá resolver una cuestión que prácticamente no cuenta con antecedentes: cuál es el alcance de un dictamen de la ONU sobre una condena firme de la justicia nacional.
